El Consell se cubre las espaldas antes de suspender la ATE porque teme demandas

Prudencia y garantías jurídicas por delante. Es la consigna que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Alicante se han autoimpuesto tras recibir el escrito de desistimiento de Alicante Avanza sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabasa que preveía la implantación de una tienda de Ikea.

No acaban de fiarse en las consellerias de Economía y de Territorio de las intenciones que puede haber tras el escrito de Enrique Ortiz y sus socios, más aún cuando llega pocos días después de que amenazasen con reclamar hasta 20 millones de euros al Consell si suspendía la ATE.

Es por ello que, lo primero que han hecho, antes de tomar ninguna decisión sobre el escrito, es pedir un informe jurídico al respecto. Solo si éste deja claro que no se da pie a una demanda, se admitirá el desistimiento tal cual. Si hay dudas, podrían pensar en no admitirlo o en poner alguna condición. En la petición de desistimiento son varias las afirmaciones que hacen saltar las alarmas y que pueden hacer pensar en una posible demanda.

Para empezar, los promotores contrastan claramente dos contextos: el original de la iniciativa y el «sobrevenido» o actual.

En un principio, señalan, la Generalitat declaró ATE la iniciativa que, recuerdan, «desde un principio ya incorporaba una superficie destinada a centro comercial de tercera categoría vinculado a un gran comercio», en referencia a Ikea y su macrocentro. Añaden que se presentó la versión preliminar del plan de la ATE y «fue admitido a trámite». Pero después, añaden, en el proceso de participación pública se produjo una «destacada controversia social y política en referencia a la influencia del equipamiento comercial propuesto». No tienen problema en acusar directamente al «nuevo contexto político» de «influir» en este cambio de actitud, ya que «la nueva Corporación municipal ha solicitado formalmente la retirada de la ATE y pronunciamientos similares se han realizado al Consell desde las Cortes Valencianas».

Creen que esto, añadido a los informes sectoriales contrarios que exigen obras añadidas con un gran coste económico, ha provocado que «los plazos excedan de las expectativas empresariales». Lo que ha generado que Ikea se canse de esperar o, como lo dicen ellos, «la imposibilidad de que los operadores económicos vinculados a esta mercantil sigan confiando en la viabilidad».

Es por ello que argumentan que lo más «prudente y responsable» es desistir, pero aclaran enseguida que «la conducta de esta mercantil ha sido la que corresponde a la buena fe empresarial» y que el desistimiento se debe «a que no se dan las condiciones institucionales y sectoriales adecuadas y razonables para el desarrollo de la ATE». Es decir, que se lavan las manos ante cualquier responsabilidad y justifican que mantener el proceso «tan solo puede llevar a dilaciones innecesarias, tensión social, inseguridad jurídica y económica y mayores costes».

Argumentos que podrían esconder, entiende la Generalitat, intenciones de presentar una demanda.

El jefe del Consell, Ximo Puig, aseguró ayer que los servicios jurídicos estudian el escrito porque es una situación «compleja» y no quieren «problemas judiciales futuros» ya que es una cuestión «contaminada desde el minuto cero». El pleno del Consell analizó ayer la situación.