Puig no rescatará Coepa al avalar el informe jurídico que evita la dación

El presidente del Consell, Ximo Puig, sobre quien directamente deja recaer el administrador concursal de la patronal alicantina Coepa su posible salvación o la disolución de la organización empresarial que preside en funciones Francisco Gómez apuesta por esta segunda opción. Antes de celebrar un acto de campaña en Alicante, Puig no dejó abierta prácticamente ninguna puerta al rescate que le reclama desde hace meses Coepa por la vía de la dación en pago del polémico centro de oficios de Babel, causa de una deuda acumulada que se aproxima a los 4 millones de euros.

«Siempre va a ser una decisión de carácter jurídico y nunca de carácter personal; yo creo en los empresarios alicantinos, que han tenido unos problemas en su organización, pero no voy a entrar más allá y no voy a aceptar aquello que legalmente no pueda aceptarse», explicó el presidente al ser preguntado directamente por las posibilidades que hay de esa dación en pago para amortizar el lastre de la deuda. «En esta Comunitat se han hecho las cosas mal durante mucho tiempo y tenemos que hacerlas bien, sustanciadas con informes jurídicos», añadió Puig en clarísima alusión a lo que dice la Abogacía General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el mayor acreedor de Coepa.

No obstante, aboga por «buscar las mejores soluciones para los empresarios, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y no se puede mirar hacia otro lado». El jefe del Consell no quiso abundar más, pero dejó entrever que tiene difícil encaje jurídico esa entrega del edificio a cambio de que el IVF perdone toda la deuda (3,9 millones incluidos intereses naturales y de demora).

Antes de la llegada del bipartito PSPV y Compromís a la Generalitat, el IVF ya solicitó un informe a su gabinete jurídico sobre la viabilidad de esta operación. El análisis lo elaboró el jefe del 'Staff' Jurídico del IVF y está fechado el 18 de mayo de 2015, hace justo un año. Fue precisamente este informe el que precipitó, primero, el aviso de ejecución del crédito y, ya en septiembre, como adelantó este diario, la petición del IVF al juez del embargo de todos los bienes, lo que también aceleró el preconcurso y el concurso de Coepa. El IVF se sigue agarrando a las conclusiones del servicio jurídico.

Si el IVF se queda las instalaciones de Coepa y le perdona su préstamo, podría producirse «una condonación encubierta de la deuda» y sería una «operación perjudicial para los intereses del IVF sin una suficiente justificación de dicho perjuicio, lo que podría derivar en responsabilidad por parte de aquellas autoridades o funcionarios que participasen en la toma de dicha decisión». Añaden los letrados que la dación «supone una discriminación arbitraria, ya que implica una renuncia previa e injustificada a poner en valor una garantía válidamente constituida mediante su ejecución».

Puig, en cualquier caso, se mostró conciliador con el mundo empresarial: «Yo tengo regular y permanentemente contactos con los empresarios de toda la Comunitat Valenciana y también con los sindicatos, pues si algo ha cambiado en este Consell es el diálogo, las mesas de diálogo están abiertas y, desde luego, el lunes estaré en Alicante en la Noche de la Economía de la Cámara para compartir con los empresarios de esta provincia», añade.

Cree que son los empresarios, de Alicante y de la Comunitat, en clave patronal, «los que tienen que tomar sus propias decisiones, no los políticos». Tras calificar de «impresionante» el tejido empresarial de la Comunitat «y especialmente en la provincia de Alicante, porque llevo muchos años antes de ser presidente visitando empresas de todos los sectores y emprendedores muy avanzados y tecnológicos», el jefe el Consell aludió, al ser preguntado directamente, al cierto riesgo de disolución y desaparición de Coepa e incluso de Cierval. «Sería bueno que la óptima situación y salud de las empresas se trasladara también a las patronales», sentenció Puig. El concurso de acreedores sigue tramitándose a falta de que el juez decida crear un convenio de acreedores.