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A. R.
Sábado, 11 de junio 2016, 01:30
José Manuel García-Margallo (PP), Rita Bosaho (A la Valenciana), Julián López Milla (PSPV-PSOE) y Marta Martín (Ciudadanos) protagonizaron ayer el primer debate entre los cabezas de lista de los cuatro partidos que tienen opciones de obtener representación en la provincia de Alicante. El encuentro, organizado por Radio Alicante-SER y moderado por su jefe de Informativos, Carlos Arcaya, se celebró en el plató del Taller de Imagen de la UA y sirvió para que los candidatos expusieran, como ya hicieron hace seis meses, las propuestas de sus partidos en materia económica, social y territorial.
El debate permitió comprobar que, en principio, los recortes sociales y la financiación serán dos de los ejes principales en la campaña electoral que acaba de comenzar. El encuentro, desarrollado en tres bloques diferentes, vivió los momentos más encendidos cuando se abordaron las cuestiones sociales. Las críticas a la subida de impuestos, los copagos y los recortes centraron las intervenciones de las dos formaciones de izquierdas.
Julián López Milla recordó que 60.000 profesionales han salido de la escuela y la sanidad pública desde que gobierna el PP y afirmó que se ha recortado en becas de educación y hay colectivos, «machacados», como los dependientes.
Rita Bosaho, de A la Valenciana, no centró solo la responsabilidad en el PP, también acusó al PSOE y el bipartidismo dominante durante los últimos años: «Se han deteriorado los servicios públicos y la infrafinanciación en la Comunitat Valenciana ha supuesto el abandono de los servicios sociales». Bosaho también sacó a colación la corrupción.
Por su parte, García-Margallo achacó las decisiones tomadas a la «herencia» del PSOE. El candidato del PP dijo que el déficit que asumió su partido al llegar al Gobierno era del nueve por ciento y aseguro que ha quedado reducido al cuatro por ciento «sin recortar el gasto social». Las políticas que proponen socialistas y A la Valenciana son, según Margallo, «demenciales». Puso como ejemplo el caso de Grecia.
Ciudadanos, por su parte, puso en el epicentro de sus crítica la labor de A la Valenciana en la Generalitat. Marta Martín dijo que el Consell todavía adeuda la renta básica a más de 4.000 ciudadanos. Para la candidata del partido de Albert Rivera, la solución para afrontar el gasto social pasa por eliminar duplicidades administrativas en ayuntamientos y diputaciones.
En materia territorial coincidieron A la Valenciana, PSPV-PSOE y Ciudadanos a la hora de destacar la discriminación que la Comunitat Valenciana sufre en relación a la financiación autonómica. Rita Bosaho amplió sus criticas al modelo que «se impone desde Europa», trayendo a colación la gestión europea de la crisis de refugiados.
Por su parte, C's insiste en revisar el modelo territorial y definir claramente las competencias, al tiempo que califican la situación de la Comunitat como «muy perjudicada con respecto al modelo de financiación actual».
Julián López Milla destacó que el Gobierno ha actuado con «deslealtad hacia las comunidades autónomas» y que la injerencia del PP es «pura estrategia electoral». García-Margallo coincidió en la necesidad de una redistribución de competencias «clara» y apostó por un cambio en el sistema de financiación para la Comunitat, que a día de hoy es una «catástrofe».
Por último, en las cuestiones económicas, C's, PSOE y A la Valenciana centraron sus intervenciones en atacar las políticas de recortes de Rajoy. García-Margallo intentó amortiguar los ataques con cifras macroeconómicas que, a su juicio, «son un reflejo de una mejoría en la situación».
Martín, López y Bosaho recordaron la cifra de parados y la precariedad laboral, además de los recortes en los salarios públicos.
La cabeza de lista por Ciudadanos coincidió con el candidato del PP en que la herencia de Zapatero «no fue buena» pero dijo que no «será mejor» la que va a recibir el próximo gobierno. Julián López lamentó el «deterioro» en la hucha de las pensiones y que la Seguridad Social cuente con 11.580 millones de euros anuales menos que en el último año de Gobierno socialista.
García-Margallo replicó que el 75% de los contratos firmados en España son indefinidos y que en la etapa de gobierno de los socialistas se destruían al día 1.400 puestos de trabajo. Rita Bosaho afirmó que los recortes aplicados por el PP «han traído consecuencias nefastas para los ciudadanos».
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