Ortiz pide 20,5 millones por el Plan Rabasa que el tripartito no le dará

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat tenían firmes sospechas de que la petición de desistimiento de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabasa formaba parte de una estrategia del empresario Enrique Ortiz y de sus socios de Alicante Avanza. Y sus sospechas no han tardado en verse confirmadas.

Apenas un día después de que la mercantil presentase su solicitud de desistimiento en la Conselleria de Economía, su antecesora, Visomed y las sociedades que poseen el suelo, registraban en el Ayuntamiento y en la Generalitat un escrito en el que reclama 20,5 millones de euros en concepto de compensación por los daños económicos que le ha supuesto la suspensión del Plan Rabasa, precursor de la ATE.

Argumentan en él que la anulación, que se hizo firme hace un año mediante una sentencia del Tribunal Supremo, se debió a irregularidades en la tramitación que, según la mercantil, no son responsabilidad suya, sino de las administraciones, tanto la autonómica como la local. Entre los motivos, que se aprobó sin evaluación ambiental estratégica y que no se garantizó el suministro de recursos hídricos para un plan que preveía 13.500 viviendas, además de la tienda de Ikea.

Visomed, bajo el nombre ya de Alicante Avanza, se comprometió con la Generalitat a no reclamar compensaciones económicas por la anulación del plan, a cambio de poder tramitar un nuevo proyecto, en este caso en forma de ATE y con un carácter marcadamente comercial. Sin embargo, dado que ahora creen que no tienen posibilidades de sacar adelante la ATE y han desistido en su tramitación, retoman la pelea por obtener al menos compensación por no haber podido ejecutar el Plan Rabasa.

En concreto, Visomed reclama 11,3 millones de euros y las sociedades propietarias de terrenos otros 9,2 millones.

Batalla judicial

Desde la Concejalía de Urbanismo, aún sorprendidos por la noticia y sin haber tenido acceso todavía a estos escritos, dejaban ayer claro que «no vamos a atender las peticiones de la mercantil», señaló el vicealcalde y edil del ramo, Miguel Ángel Pavón, por lo que lo más probable, dice, es que «acabe en los tribunales». Asegura que Visomed «es muy libre de plantear lo que desee», pero considera que «a priori, no tienen fundamento» aunque «evidentemente tendrán que estudiar el caso en profundidad nuestros servicios jurídicos».

Señaló que, a su juicio, Ortiz tiene «mucha cara» y «muy poca vergüenza» para plantear una petición de compensación por un plan «que todavía está bajo sospecha judicial, ya que no se ha cerrado en los tribunales». Se refiere al 'caso Rabasa', que se archivó hace pocas semanas, aunque el archivo ha sido recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE y EU.

Pavón tiene esperanzas de que el caso se vuelva a reabrir y considera que, mientras se decide, «cualquier petición de la mercantil debería quedar en suspenso».

El vicealcalde explicó que la situación afecta a gobiernos de anteriores legislaturas y recordó que EU, la formación a la que pertenece (ahora dentro de Guanyar), fue la única que votó en contra del Plan Rabasa en su día. Fue aprobado por el PP y el PSOE.

En cualquier caso, si el caso llegase a los tribunales y le diesen la razón a Ortiz y sus socios, la responsabilidad del pago sería de la Corporación a la que le toque, como le ha pasado ya a este equipo de gobierno con el caso Hansa, por el que han tenido que pagar a la empresa 18 millones de euros por una sentencia 'heredada'.