Un gabinete jurídico estudiará durante al menos seis meses la reclamación de Rabasa

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante acordó ayer crear un gabinete integrado por miembros de la asesoría jurídica municipal y de los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo para resolver las reclamaciones de indemnización presentadas el pasado viernes por la anulación del Plan Rabasa.

Así lo decidieron los líderes del tripartito, Gabriel Echávarri, Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, en una reunión que mantuvieron por la mañana para abordar el asunto.

Tienen seis meses de plazo para contestar a las pretensiones de Enrique Ortiz y sus socios, aunque, según explicaron ayer desde Urbanismo, se podría ampliar seis meses más, algo que no descartan, dada la complejidad de este caso.

Las siete reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de indemnización fueron presentadas en el Registro municipal el pasado día 10 de junio por los supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector Las Lagunas de Rabasa, así como de la adjudicación como agente urbanizador de dicho Programa a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo. Mercantil que después se transformó en Alicante Avanza, la promotora de la ATE que contempla un macrocentro comercial con tienda de Ikea en Rabasa y que el pasado 9 de junio solicitó el desistimiento y archivo de dicha ATE.

Las siete reclamaciones se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento y la Generalitat y suman un importe global de 20,4 millones repartidos del siguiente modo: 11,27 millones son reclamados por Viviendas Sociales del Mediterráneo SL - hoy Alicante Avanza SL -, 6,77 millones por la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL, 1,49 millones por Cerámica La Florida SL, 625.000 euros por Valle Levante SL, 246.000 euros por Ortiz Desarrollos Urbanísticos SL, 22.000 euros por Camservi Obras y Servicios SL y 4.200 euros por Nuevo Garbinet SL. La mayoría de ellas, señalaron desde Urbanismo, propiedad de Ortiz o participadas por el empresario.

Desde el tripartito no se aventuraron ayer a señalar si creen que la reclamación saldrá adelante o no, pero resaltaron que su objetivo es, en todo momento, «la defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas al confeso financiador ilegal del PP, Enrique Ortiz», en referencia a la confesión que hizo el empresario ante los tribunales de haber financiado ilegalmente al partido.

Resaltaron, además, que el plan fue «aprobado por el PP local y autonómico en la época de (Luis Díaz) Alperi, (Sonia) Castedo y (Francisco) Camps» y que, a su juicio, se trata de «un plan especulativo e insostenible que fue tumbado en los tribunales gracias a los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad».

El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, señaló que el Ayuntamiento estudiará las posibilidades que tiene la reclamación de salir adelante en los tribunales si se rechaza desde el Ayuntamiento y que pondrán en común sus conclusiones con las de la Generalitat, que también ha puesto a sus servicios jurídicos a trabajar en este asunto.

También tiene pendiente el Consell determinar si debe aceptar o no la petición de desistimiento de la ATE de Ikea por parte de Alicante Avanza y en qué condiciones hacerlo para que no afecte a la reclamación de indemnizaciones.