Puig desvela que el PP evitó recaudar 322 millones por herencias y venta de pisos

En respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, sobre las medidas puestas en marcha para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos en la Comunitat, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, deslizó de manera algo confusa una crítica: «Una incompetente gestión tributaria durante la pasada legislatura causó una amnistía fiscal». El comentario causó extrañeza en las bancadas de la Cámara, lo que posteriormente propició una explicación por parte de la Generalitat, que se remitió a un informe de Intervención donde se critica el 'modus operandi' del anterior Consell en lo referente al cobro de tributos relacionados con las herencias y la venta de inmuebles, un escaso celo que generó un agujero en las arcas públicas de más de 300 millones por no aplicarse en el cobro de impuestos.

Un informe de la Intervención de la Generalitat desvela una «amnistía fiscal» de 322 millones de liquidaciones tributarias del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados realizada en el periodo 2012-2014.

El informe concluye que en ese periodo se anularon 37.457 liquidaciones tributarias, lo que equivale a dejar de recaudar un total de 322.313.238,29 euros. Entre las recomendaciones que incluye el informe de los auditores autonómicos figura la exigencia de reclamar «las oportunas responsabilidades a los responsables de la prescripción de derechos», es decir, a los responsables del PP en la Generalitat de asumir las competencias tributarias. La Conselleria de Hacienda, entre los años 2012 y 2014, estuvo dirigida por el actual delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues.

Del total de las más de 37.000 liquidaciones, cerca de 7.000, un 20%, corresponden a anulaciones de cobro de tributos porque habían prescrito, lo que equivalió a tener que renunciar a ingresar 51 millones de euros. El documento de la Intervención añade también que, de la revisión de doce expedientes seleccionados por el equipo de control, se pone de manifiesto que el plazo medio que transcurre desde la presentación de la autoliquidación hasta la notificación del inicio del procedimiento de comprobación es de 3 años, 5 meses y 15 días, sin que se justifique el motivo de tal retraso ni la realización de ningún tipo de control por la Dirección General de Tributos y Juego. Como el plazo de prescripción es de cuatro años, la actuación de la Generalitat se producía al límite del plazo y, en muchos casos, concretamente en 7.378 liquidaciones, se desistió porque habían prescrito.

El resto de anulaciones responde a diferentes causas, fundamentalmente las sentencias del Tribunal económico-administrativo regional (TEAR) y el Tribunal Superior de Justicia valenciano que rechazaron el sistema de comprobación de valores de los inmuebles (a efectos de los citados impuestos) que aprobó el anterior Consell. Una vez rechazada una liquidación hay que realizar una nueva, pero si la Administración no actúa el procedimiento caduca a los seis meses.

El informe es de control financiero de los expedientes de anulación y baja por prescripción de liquidaciones tributarias en los ejercicios 2012-2014 por las direcciones territoriales de Castellón, Valencia y Alicante y por las oficinas liquidadoras dependientes.