Amplían la instrucción de los contratos irregulares bajo mandato de Navarro

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha declarado compleja la causa que se sigue por las contrataciones irregulares durante el mandato del exalcalde socialista Agustín Navarro y, por tanto, ha acordado ampliar el plazo de duración de la instrucción en 18 meses.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, se explica que se declara "instrucción compleja" a instancias del Ministerio Fiscal e indica que el nuevo plazo finalizará el 6 de diciembre de 2017 "sin perjuicio de prorrogar por igual plazo o uno inferior" a instancias del fiscal y previa audiencia de las partes.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), se considerará que la investigación es compleja "cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, implique la realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas o se trate de un delito de terrorismo".

En este sentido, fuentes jurídicas consultadas han precisado que la declaración de complejidad sólo podrá solicitarse por circunstancias sobrevenidas durante la investigación y considerando que no pudiera completarse la instrucción en el plazo de seis meses.

La denuncia contra Navarro fue formulada en febrero de 2013 por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ante la Fiscalía de Alicante.

En estos momentos están imputados en la causa el ex alcalde Navarro, el exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez y la ex Jefa de Recursos Humanos.

A los tres se les imputan tres supuestos delitos continuados "de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos".

Los hechos denunciados que ahora se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial desde el año 2010 en el Ayuntamiento de Benidorm.

En el auto por el que el juez declaraba la imputación de los tres se citaba, con respecto a la aprobación de la RPT de aquel año, que había un informe negativo de Intervención relativo a subidas salariales que, según la denuncia, "fue ocultado".

Otros hechos denunciados estaban relacionados con un incremento de la masa salarial por encima de lo autorizado en la Ley de Presupuestos Generales de 2010, cifrado en 779.215 euros; con la vinculación al PSPV-PSOE de empleados municipales contratados en aquel período o con el hecho de haber sobrepasado la dotación presupuestaria en las contrataciones mediante el acuerdo de colaboración social con el INEM.

Asimismo se denunciaron otras cuestiones relacionadas con el informe de fiscalización del departamento de Intervención que ponía de manifiesto, entre otros asuntos, que no se había respetado el límite de gastos en Personal ni los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en determinados contratos o que se había evitado la fiscalización previa de las nóminas por parte de Intervención.