La absolución de Fenoll planea sobre el juicio por fraude fiscal de Enrique Ortiz

La actuación de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) está en entredicho. La primera sesión del juicio contra el empresario Enrique Ortiz, el responsable de Hansa Urbana, Rafael Galea, y otros tres empresarios valió para que las defensas de los reos pusieran en duda la validez de las inspecciones de Hacienda a la hora de su inclusión en el proceso penal. Los cinco procesados se sentaron ayer en el banquillo acusados de delitos contra Hacienda y falsificación en documento mercantil por un presunto fraude de 6 millones de euros al fisco con una operación de arrendamiento de suelo en el PAU 4 de Playa de San Juan de Alicante.

La vista oral arrancó ayer en el Juzgado de lo Penal 1 y sirvió para que las partes propusieran pruebas e hicieran alegaciones en la denominada sesión de cuestiones previas en la que se lanzaron planteamientos similares a los que le valieron al jefe de las basuras de Orihuela, Ángel Fenoll, para esquivar una condena de más de 35 años entre rejas por varios delitos fiscales de su imperio empresarial.

El juicio, que se prolongará entre el 4 y 8 de julio, se suspendió el pasado enero por la enfermedad de uno de los inspectores de Hacienda que indagó las presuntas irregularidades fraguadas entre los constructores. Además de Ortiz, quien llegó a primera hora al Palacio de Justicia y se marchó sin hacer declaraciones, y Galea, se sientan como acusados Vicente Pérez, Miguel Ballester y Miguel Carratalá. Los industriales representan a las firmas Obras Asfálticas y Construcciones, Construcciones Villarejo y Viviendas del Mediterráneo.

Según la Fiscalía, en 2005 se pusieron «de acuerdo» para obtener «un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer». Concretamente, Hansa arrendó hasta nueve terrenos rústicos a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas por 1,5 millones de euros. La Fiscalía entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares «nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad» pero sirvió a las mercantiles para aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades.

El primero en tratar de impugnar los informes de los inspectores de Hacienda fue el defensor de Galea, el letrado Javier Boix. El penalista que libró a al expresidente Francisco Camps de la acusación por cohecho con la causa de los trajes planteó al tribunal la posibilidad de que peligre el derecho a un juicio justo para su patrocinado, alegación a la que se sumaron el resto de imputados. Adujo el letrado valenciano que los funcionarios de Hacienda que investigaron el asunto y advirtieron del posible fraude no pueden declarar como peritos por cuanto que ya emitieron sus conclusiones en los informes de la entidad tributaria y denunciaron los hechos.

«Solo falta que dicten la sentencia», manifestó el abogado. El fiscal responsable del caso, en cambio, lamentó que «resulta que ahora los peritos de Hacienda no tienen juicio» y comparó su labor con la de la Policía Nacional o la Guardia Civil, cuyos agentes investigan unos hechos y luego actúan como especialistas en la materia en la vista oral. «La imparcialidad y capacidad como peritos está más que acreditada por sentencias del Supremo», añadió el representante de la Abogacía del Estado, quien también se opuso a que se tuviera en cuenta la alegación.

La defensa de Rafael Galea alegó que la vulneración a la celebración del juicio justo se podría incurrir al conculcarse el derecho a la no autoinculpación. Es decir, que por el mero hecho de tener que presentar pruebas a Hacienda bajo pena de sanción (con «coerción administrativa», según detalló) se infringiría este precepto que «parece estar de moda», como le afeó el representante del Ministerio Público que tachó la alegación de «sorpresiva».

Sobre este aspecto abundó el letrado Alejandro Bas, quien sostiene que «toda la instrucción penal del asunto se realizó en el ámbito administrativo» es decir, «sin las garantías» procesales. En su opinión, la causa se debió dirimir en la jurisdicción de los Contencioso-Administrativo, algo que no se hizo así «no sé si por la condición de las personas» acusadas.

Todas las cuestiones quedarán resueltas el 4 de julio, como anticipó la magistrada que lleva el caso.