Camps se querellará contra Compromís por la denuncia del torneo de golf

La oposición ha situado de nuevo a Francisco Camps en el punto de mira. La denuncia de irregularidades en la contratación de un torneo de Golf en Castellón a una empresa de la trama Púnica le hicieron ayer, una vez más, salir al paso de las acusaciones. Sin entrar en detalles, adelantó que todo es mentira y anunció una querella contra Compromís por denuncia falsa.

El expresident de la Generalitat pidió a Joan Baldoví, que forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, que tenga «agallas y coherencia» y renuncie a su escaño «para que pueda presentar una querella contra él en un tribunal ordinario». En cualquier caso, Camps indicó que presentaría su querella también ante el Tribunal Supremo si Baldoví mantiene su condición de diputado.

No es la primera vez que el exresponsable del Consell anuncia acciones legales contra quien duda de su honestidad o le implica en asuntos. Recientemente puso una querella contra Mónica Oltra por mencionar el caso de los trajes -él resultó absuelto- y también ha pedido en otro juzgado que se investigue el origen de las filtraciones que le relacionana con la presunta financiación del Partido Popular en el caso Imelsa.

Compromís acudió ayer a la Fiscalía para denunciar lo que consideran un «saqueo» de trece millones de euros del expresident de la Generalitat Francisco Camps y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por adjudicar al parecer de forma irregular la organización de un torneo de golf a una firma de la trama Púnica.

Los cabezas de lista de la coalición 'A la valenciana' al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, y Castellón, Marta Sorlí, presentaron la denuncia. Calificaron los hechos como un caso «absolutamente organizado de saqueo de las arcas públicas valencianas», «indecente» y de «sinvergonzonería».

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Baldoví y Sorlí explicaron a los periodistas que la denuncia es fruto del trabajo del diputado autonómico por Castellón Víctor García que permitió «sacar a la luz» un convenio por el cual la Generalitat pagó doce millones, la Diputación 300.000 euros y Aerocas otros 600.000 para patrocinar un torneo de «dudosísima trascendencia».