Los guardias civiles acusados de falsear informes dicen que todo es un complot

La Guardia Civil contra sí misma. La Audiencia Provincial de Alicante acogió ayer un juicio en el que se sientan como acusados el que fuera comandante del puesto de Ibi, el entonces jefe del Área de Investigación y otro agente del mismo departamento por supuestamente falsear atestados para hacerse con pequeñas cantidades de dinero, una consola e, incluso, una bolsita de droga. Es más, el Ministerio Público sostiene que el primero hizo desaparecer un acta por la intervención de droga en un pub para no perjudicar al dueño.

Sin embargo, los implicados achacaron su situación a una venganza de la plantilla por su afán por poner orden en el cuartel. Tan solo acumulaban alrededor de medio año en el puesto y «llevaban dos años sin mando y hacían los que querían», como confesó uno de los procesados, quien por aquellas fechas había abierto expediente a un guardia «por estar tomando cervezas». Los tres coincidieron en que se había instalado un halo de animadversión, sobre todo, contra el comandante.

Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2010, cuando agentes del puesto de Ibi apresaron a unos ciudadanos búlgaros acusados de efectuar pagos con una tarjeta falsa. Les intervinieron 325 euros que, según comentó uno de los acusados, «vendrían muy bien al cuartel». Según dijo ayer, «fue una broma» en tono jocoso que, en ningún modo, motivaría haberse apropiado del dinero. Para ello, la fiscal responsable del caso asegura que el sargento modificó el atestado de tal forma que no quedara reflejado el dinero, haciendo partícipe al agente que rubricó las diligencias como secretario, defendido por el letrado Francisco Moreno.

Por este episodio, y otros similares, el Ministerio Público les reclama penas de prisión que van de los 5 años y medio a los 12 años entre rejas por delitos de infidelidad de custodia de documento, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y apropiación indebida. Además de la posible apropiación de los 300 euros, que finalmente se consignó en el juzgado pertinente, la detención del sospechoso de asaltar la parroquia de Ibi ese año 2010. «Un buen servicio», como destacó uno de los agentes acusados. El hombre ordenó que se expusieran en una mesa las armas intervenidas, así como prendas empleadas en el robo y el dinero decomisado (unos 1.600 euros) para informar a la prensa. La Fiscalía apunta a que se reflejó una cantidad superior para poder ganarse casi 342 euros.

Los procesados negaron las acusaciones, como el comandante, representado por el penalista José Luis Sánchez Calvo, ante la posibilidad de haber ordenado que se le entregara una 'playstation' para su uso y disfrute o haber destruido la denuncia a un pub en el que se intervino droga para ganarse los afectos de un conocido. «Me quería tirar delante de un coche», dijo el agente para demostrar el estado de ansiedad cuando supo que les habían denunciado.