Doce sanitarios testifican por la muerte de un bebé en el Hospital de Sant Joan

Un juzgado de instrucción de la capital investiga el fallecimiento de un bebé por una posible negligencia médica a las pocas de su alumbramiento en el Hospital Universitario de Sant Joan. El juez instructor llamó ayer a declarar, en calidad de testigos, a los doce sanitarios que atendieron a la madre durante el embarazo y el parto para esclarecer unos hechos que se remontan a hace más de tres años. El pequeño llegó al mundo con al menos un kilogramo más de peso del que preveían las ecografías, según detallaron fuentes próximas al caso, por lo que en la denuncia por lo ocurrido se pone en duda la actuación de los médicos por no haber autorizado una cesárea en lugar de llevar a término el parto natural para haber evitado el óbito por una encefalopatía aguda al no recibir oxígeno suficiente el cerebro durante el parto.

La mujer, de 36 años de edad entonces y abogada de profesión, ingresó el 6 de enero de 2013 para que al día siguiente se le indujese el parto, decretado de alto riesgo por la diabetes que padece desde la niñez. Por ello, las señales previas podrían hacer indicar que no resultaba la mejor opción, como la realización del test de Bishop, cuyos resultados advertían de posibles fallos en la inducción del parto.

Igualmente, una vez nació la criatura, se le diagnosticó macrosomia fetal, que no se detectó en las 37 semanas previas de embarazo. Esta patología está directamente relacionada con el desarrollo excesivo del feto para su estado de gestación. De ahí que el peso final del pequeño alcanzara más de cuatro kilos y medio. Los padres, representados por el letrado Santiago Talavera y el despacho Cumplex Abogados, denunciaron los hechos a las pocas horas del óbito, donde aseguran que se llevó a cabo una maniobra inapropiada.

El caso ha permanecido en suspenso hasta ahora debido a que el juzgado que dirige la investigación archivó el asunto con la única diligencia que el informe de autopsia del bebé, el cual deja la puerta abierta a que se hubiera incurrido en una mala praxis. Los facultativos defendieron su actuación y la decisión de mantener la opción del parto natural, tal y como señalaron las citadas fuentes. Para ello, adujeron que el peso de 3,6 kilogramos que reflejaban las ecografías no advertían la necesidad de intervenir, según añadieron.

La Audiencia Provincial ordenó en octubre pasado reabrir la causa al revocar su archivo. Consideró la Sala que «no concurren las notas de inequivocidad y de indiscutibilidad que permitan descartar», de momento, «que la muerte del bebé no traiga su origen en una negligencia profesional» al existir informes contradictorios.