Inspectores fiscales reiteran ante el juez que los alquileres de Hansa Urbana «eran simulados»

Los instructores de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) ratificaron sus tesis con respecto al 'caso Hansa': los contratos de arrendamiento entre la constructora participada por la CAM con el grupo de Enrique Ortiz y Aurelio González Villarejo «no eran reales». Es decir, que se trató de una simulación para lograr un beneficio fiscal a costa de las arcas de Hacienda por una operación con contratos que incluían cláusulas «simuladas» y «peculiares», como remarcaron. En la tercera sesión del juicio contra la promotora que presidía Rafael Galea por un presunto fraude de más de 6 millones de euros en connivencia con el resto de firmas, intervinieron los responsables de la inspección fiscal a las empresas implicadas.

Así, el jefe del departamento de grandes contribuyentes del organismo detalló que indagaron en las posibles irregularidades porque, entre otras discrepancias, descubrieron que los arrendatarios no podían dar el uso de almacenaje de maquinaria pesada a las fincas porque el terreno era «blando». Es decir, que la Guardia Civil les informó de que el suelo rústico de la Condomina, en el PAU 4, no aguantaría el material que se pretendía depositar.

Pese a ello, las defensas, que protagonizaron intensos interrogatorios con los testigos, han contradicho está afirmación a lo largo de todo el proceso, llegando a declarar varios testigos que allí se dejaron tramos de grúa de construcción o material como tierra vegetal.

Por su parte, el responsable de auditar a Obras Asfálticas y Construcciones (Oascón), de Ortiz, apuntó a que la deducción que se hizo el grupo por el alquiler de las fincas «no fue real». Además, se dedujo todo el gasto en el año 2005, cuando «había que periodificarlo durante el tiempo del contrato», que se firmó para cinco años. Pese a ello, los implicados decidieron romper el arrendamiento para formalizar su compra tras solo seis meses.

La sesión continuó con la intervención del primer testigo-perito, encargado del informe superior de la investigación tributaria. Según declaró, de acuerdo al objeto de la empresa esos terrenos debían ser contabilizados como «existencias» y no como inmovilizado. Las acusaciones mantienen que esta segunda calificación les permitió a los acusados obtener ventajas fiscales.

De este modo, explicó que la diferencia entre los términos se basa en el destino que se le vaya a dar al bien y del proceso productivo de la compañía, ya que el primero forma parte del proceso, mientras que el segundo tiene un carácter de mayor temporalidad y permanencia.

Por ello, aseguró que esta operación tuvo como objetivo «única y exclusivamente» poder beneficiarse de la deducción fiscal.