Llorens gana tiempo en el 'caso Isjoma'

El exconcejal de Atención Urbana y número dos en el Ayuntamiento de Alicante de Sonia Castedo, Andrés Llorens (PP), declarará por la acusación de prevaricación y fraude a la administración en el llamado 'caso Isjoma', aunque ayer no lo hizo. El juzgado que dirige la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación a la firma de instalación de equipamientos en eventos municipales aplazó la comparecencia del investigado prevista para este martes. Según indicaron fuentes jurídicas consultadas por este diario, Llorens solicitó al magistrado tiempo para poder estudiar la causa, pues su representación letrada ha asumido el caso hace muy pocos días.

El instructor Ángel Manuel Villanueva ha dado un impulso a las diligencias abiertas desde 2009 después de que una empresa rival de Isjoma, Montajes Alavés SL, denunciase el presunto caso de corrupción a la Fiscalía, que ordenó indagar el asunto en los juzgados de la capital. El magistrado solicitó en abril la elaboración de una decena de informes para determinar si existen las irregularidades en la adjudicación del contrato de 4,6 millones de euros.

El juez pidió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rastrear el patrimonio de los acusados en un período mayor que las pesquisas llevadas a cabo con anterioridad. Igualmente, reclamó al Ayuntamiento de Alicante que entregara «a la mayor brevedad posible» los expedientes con los pagos hechos a la firma investigada, «tanto con cargo al contrato de infraestructuras para actividades festivas y culturales de la ciudad de Alicante de 2003, como por cualquier otro suministro, trabajo, servicio o contraprestación extraordinaria».

Entre esas diligencias, en el auto de abril, el instructor imputó a los exediles Andrés Llorens y Juan Zaragoza, y volvió a llamar al resto de encausados, como son el dueño de Isjoma, Isidro García, y el antiguo jefe de Atención Urbana, Víctor López. El letrado Fernando Candela, que ha asumido la defensa de Llorens, deberá presentar en breve el escrito para su personación en la causa y, en caso de que no lo haga el juez, fijar la fecha para la comparecencia de su patrocinado.

Instantes antes, le precedió Juan Zaragoza. Ambos formaron parte de la mesa de contratación, aunque en diferentes años. En este caso, la posible implicación de Zaragoza se remonta al año 2003 y la de Llorens, a 2009. Zaragoza sí que declaró, aunque sus manifestaciones variaron en poco con respecto a las hechas como testigo en el año 2010. Según detallaron las citadas fuentes, se remitió a su declaración de entonces. En aquella vista, tal y como recogen las publicaciones de entonces, el regidor estalló en los pasillos del Palacio de Justicia y arremetió contra el denunciante por haberle grabado sin su consentimiento.