Los peritos dicen que las fincas que Hansa arrendó a Ortiz estaban calificadas correctamente

Peritos que han declarado este jueves en el juicio contra el constructor alicantino Enrique Ortiz y cuatro empresarios más por un presunto fraude fiscal de más de 6 millones de euros han declarado que

Las fincas que Hansa arrendó en el PAU 4 de San Juan a una de las empresas de Ortiz y a Construcciones Villarejo tenían que estar contabilizadas como "inmovilizado", como así figuraba, y que los contratos de alquiler, fueran simulados o no, carecían de "fuerza transformadora" en esta materia, por lo que no afectaban a la hacienda pública.

Los peritos han declarado este jueves en la cuarta jornada de este proceso que se sigue en el juzgado de lo Penal número 1 y en el que junto a Ortiz (Grupo Cívica) y el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, están acusados los empresarios Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá. Para Aurelio González Villarejo se ha sobreseído la causa por enfermedad.

Para Enrique Ortiz, --que también está investigado en otros procesos como Brugal o Gürtel-- la Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de 10 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública y un año y medio por un delito de falsificación de documento mercantil. Pide también las mismas penas para el resto de acusados.

Los hechos se remontan a 2005 cuando, según la Fiscalía, todos ellos se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer".

Hansa alquiló en octubre de ese año una decena de terrenos rústicos con una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados en la zona de La Condomina de la playa de San Juan a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas por un importe total de 3 millones de euros, que pagaron por adelantado para un plazo de 5 años. La Fiscalía entiende que, aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad" y sí que hubo un "anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos" y ese contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades al pasar de contabilizarlas como existencias a inmovilizado.

En opinión de los peritos que han acudido a declarar, la calificación de los terrenos era correcta como inmovilizado, ya que, según han explicado, había un "destino previsible y un proyecto que la respaldaba", como el de ampliación del Campo de Golf y la construcción de un resort para la tercera edad que pretendía Hansa. De hecho, han indicado que no debería haber aparecido nunca como "existencia" un suelo cuyo destino iba a ser explotado, por lo que se subsanó el error contable.

Además, han manifestado que los contratos de arrendamiento, de los que no comparten la tesis de la Fiscalía de que eran simulados, refuerzan que se considere a estos terrenos como inmovilizado de la compañía. En todo caso, simulados o no los contratos, han afirmado que no tienen "fuerza transformadora" en esta materia, tal como han argumentado, por lo que no tendría que afectar a la Hacienda Pública.

Así, han aclarado que la norma contable y la norma fiscal tienen un fin distinto y cuando se produce un choque entre ellas "prima la norma fiscal". También han coincidido en asegurar que "lo importante es la realidad material" y que "la contabilidad no condiciona los hechos".

No obstante, han reconocido que la discusión sobre los términos de existencia e inmovilizado es frecuente y que se trata de un tema "borroso" y "complejo", del que hay jurisprudencia y que normalmente se lleva en el ámbito contencioso-administrativa.

Investigación de Hacienda

Asimismo, han reiterado que consideran que no ha habido perjuicio a Hacienda según lo aportado por las declaraciones fiscales y distinta documentación. A ello han añadido que el hecho de que sea una investigación limitada y no general, como es el caso, "impulsa" a que si hay alguna anomalía se debería haber ampliado la investigación y que "no se comprende deducir un delito fiscal" de un alcance parcial en relación con un solo elemento.

Por otra parte, otro perito que, según ha asegurado, inspeccionó personalmente las fincas, ha declarado que los terrenos podían soportar "sin ningún tipo de problema" el peso de los materiales de construcción y maquinaria de transporte y que se detectaba que había habido un uso distinto al agrícola, que se había abandonado desde los años 90.

El juicio continúa mañana viernes según lo previsto con la exposición de las conclusiones de las partes.