El Consell inicia el desalojo de pisos ocupados de su propiedad en Virgen del Carmen

La Conselleria de Vivienda continúa con su política de desalojo de los pisos de su propiedad que están ocupados. Tras el Barrio de José Antonio, ahora le ha llegado el turno a Virgen del Carmen, donde seis familias han recibido esta semana la orden de desalojo voluntario de las viviendas que han ocupado.

Desde la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) explican que en estos momentos en Virgen del Carmen hay 94 viviendas de su propiedad ocupadas de forma ilegal, pero solo se va a desalojar sin ofrecer una alternativa habitacional a las familias que se han instalado en los pisos después de julio de 2015, que es la fecha que se marcó como límite para acabar con este tipo de situaciones.

En este tipo de situación hay nueve viviendas y esta misma semana se ha iniciado el proceso de desalojo de cinco de ellas. El martes, las familias recibieron la notificación en la que la Dirección General de Vivienda les insta a abandonar el piso en 24 horas.

Si no lo hacen, comenzará la vía ejecutiva, es decir, el desalojo forzoso, que puede tardar varios meses. El EIGE pedirá entonces autorización judicial para ejecutarlo.

Hay una sexta vivienda que ya está en fase de resolución, que es el último paso administrativo del procedimiento.

Desde el EIGE explican que el primer pleno del Consell acordó en juliode 2015 no ejecutar ningún desahucio de personas en riesgo de exclusión del parque público, cuando hasta entonces, mensualmente se iniciaban de media unos 50 expedientes.

Aclaran que, en el caso de las cartas recibidas en Virgen del Carmen, se trata de ocupaciones ilegales recientes y que el desalojo es la única vía que tienen para rehabilitar estos pisos e incluirlos en programas sociales regulados. La entidad asegura que al inicio de la legislatura se encontraron con 700 viviendas sociales pendientes de reparación (a fecha de hoy, el nuevo Consell ya ha adjudicado 222 viviendas) y 400 viviendas ocupadas sin título.

En estos casos, se va a buscar siempre una alternativa habitacional. No así con las ocupaciones recientes, a partir de julio de 2015, de las que se han producido 136, de las cuales, 68 en la provincia de Alicante.

En algunas de las viviendas ocupadas estaban realizando las obras de reparación e incluso habían sido ya adjudicadas a las familias que les correspondían por su situación y que estaban esperando la finalización de las obras para entrar en la vivienda. Para la entidad responsable de estas viviendas, la ocupación no puede permitirse dado que impide la rehabilitación de las viviendas y su incorporación a programas sociales, vulnera los derechos de las personas que solicitan estos pisos por los cauces legales y genera problemas en las comunidades de vecinos.

Por eso, indican, se tomó la decisión de «no permitir ni una ocupación ilegal más».

En el caso de Virgen del Carmen, piden a las familias que vuelvan a la «solución habitacional en la que se encontraban antes de la ocupación» o que, si no disponen de ella, se dirijan a los servicios sociales municipales para solicitar ayuda.

En este sentido, en el Patronato Municipal de la Vivienda respaldaban ayer la actuación de la Generalitat y se mostraban dispuestos a atender a las familias que lo necesiten, dentro de los programas legalmente establecidos.

El grupo municipal del PP recordó ayer que la concejal de Acción Social y Vivienda, Julia Angulo «aseguró que cualquier actuación se haría en coordinación Acción Social». Y preguntó si este trámite de la Generalitat está realmente coordinado con el Ayuntamiento.

«Se comprometieron a valorar caso por caso cada situación para decidir qué familias podían regularizar su vivienda y quiénes no, según la normativa, en cuyo caso serían informados o atendidos desde el ámbito municipal», señaló la concejal Mari Ángeles Goitia.

La dirigente popular acusó al tripartito de Alicante y al actual gobierno de la Generalitat de «haber abusado de la demagogia con un discurso buenista, cuando luego tienen que cumplir con la ley». A su juicio, «no se puede ir a creando falsas expectativas a la gente sin vivienda, porque luego tenemos el problema de los desalojos».