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Obras en un parque municipal de Elche dentro de las contrataciones especiales para un plan de empleo de personas paradas de mayor edad.

El Consell también pide dinero a la Diputación para financiar el plan de empleo municipal

El programa Avalem Territori, que subvenciona el salario y la Seguridad Social tres meses a mayores de 45 años y parados de larga duración, provoca un nuevo choque institucional

Bernat Sirvent

Martes, 12 de julio 2016, 01:25

El enésimo encontronazo entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante está a la vuelta de la esquina. La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó ayer la tercera orden en dos semanas sobre el Plan Avalem (en este caso para crear empleo en los municipios dirigido a los colectivos que tienen mayores dificultades de inserción y con riesgo de exclusión social) y, en ella, «se prevé la posibilidad de que las Diputaciones provinciales de la Comunitat puedan destinar recursos a la ejecución de esta actuación».

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El programa Avalem Territori, cuya orden se publicó en el DOCV ayer, justo veinticuatro horas después de que el Consell activara en la clausura de su Setminari d'Estiu celebrado en Torrevieja durante el pasado fin de semana un fondo de cooperación de 80 millones de euros que fue diseñado por el expresidente Eduardo Zaplana hace diecisiete años y para cuya constitución y gestión también se pide dinero a la Diputación de Alicante, pretende «concentrar y racionalizar los recursos que en el ámbito del empleo se encuentren disponibles en los distintos niveles administrativos».

Esta orden fija las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el programa Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat (141 en Alicante) y su finalidad es asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a los colectivos que presenten mayores dificultades de inserción e incluso rocen la potencial exclusión social.

Este subprograma del plan Avalem denominado Avalem Territorio tiene por objeto articular la dinamización territorial como eje central de un nuevo modelo de ordenación de políticas de empleo en la Comunitat. «A través de una visión territorial, se pretende alcanzar una mayor adecuación de las distintas actuaciones a las necesidades reales de las personas y las empresas», añade la orden.

Los beneficiarios de estas ayudas, para las que no hay una consignación presupuestaria en concreto aunque entran dentro del plan global Avalem que prevé una inversión de 200 millones de euros en cuatro años, son las corporaciones locales municipales o sus entidades dependientes o vinculadas que vengan asumiendo competencias en materia de empleo. La subvención de la Generalitat, en cualquier caso, cubrirá, como en el caso de los menores sin experiencia laboral menores de 30 años o en los titulados superiores o graduados en FP sin trabajo, los costes salariales con un mínimo del salario mínimo interprofesional bruto al mes y las cotizaciones a la seguridad Social. El contrato tendrá un mínimo de tres meses con una jornada de, al menos, 30 horas semanales. La subvención del Consell (con la previsible partida adicional de las Diputaciones) excluye las dietas, indemnizaciones y suplidos, así como las retribuciones por vacaciones no disfrutadas. Tampoco serán subvencionables los días en que el trabajador se halle en situación de incapacidad por enfermedad o accidente, sean comunes o profesionales, ni los supuestos de permiso de maternidad o paternidad.

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Críticas

Desde la Diputación de Alicante, un portavoz oficial dejó claro que «la Conselleria no va a contar con nuestra colaboración, porque ya tenemos bastante con nuestras ayudas a los municipios y porque las competencias en materia de empleo están transferidas al Servef desde hace muchos años y son de la propia Conselleria de Empleo». Además, matizan que, pese a que la orden de esta parte del plan Avalem deja abierta la «posibilidad» de que las Diputaciones puedan destinar sus recursos a la ejecución de estos contratos para colectivos desfavorecidos, «la Conselleria de Economía en ningún momento nos ha consultado nada, como ha ocurrido con los decretos de coordinación de Turismo y Deportes, por lo que, más que coordinar, la Generalitat lo que quiere claramente es imponer sus políticas a los demás».

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