Les Corts aprueba la ley de la nueva RTVV con el frente judicial sin resolver

Alegría en las filas de los partidos que sostienen al Consell porque ayer lograron aprobar una ley, la de la nueva televisión, -con la abstención del PP- que supone reactivar un servicio público clausurado en noviembre de 2013 y que, dada la invisibilidad del Ejecutivo, activará un instrumento clave para difundir los mensajes del Gobierno valenciano, víctima de una «guerra mediática» que impide reconocer sus gestas, según el síndic del PSPV, Manolo Mata. Para conflicto, en cualquier caso, el jurídico, que heredaron los actuales miembros del Ejecutivo sin saberlo solucionar y que supone que la nueva televisión nace con centenares de demandas de los extrabajadores.

Ese contencioso judicial y esa sensación de desajuste entre las partes que se presuponía que irían de la mano ayer, planeó durante un debate que finalizó con un extraño aplauso. La satisfacción de socialistas, nacionalistas, podemistas y miembros de Ciudadanos quedó un poco huérfana. Su gozo no era compartido por los extrabajadores, representados por los exmiembros del Comité de Empresa de RTVV, que miraban con cara de sota hacia el salón plenario mientras los parlamentarios se congratulaban por la aprobación de la ley, pero que, desorientados, acabaron celebrando con los productores audiovisuales valenciano, la patronal del sector, que esos sí respondieron al aplauso desde la tribuna de invitados. Y por si quedó alguna duda, tras las votaciones, el presidente del extinto Comité, Josep Lluís Fitó, lo definió con una metáfora sepulcral: «Este último aplauso en pie de diversos partidos en el hemiciclo valenciano me ha parecido como si estuvieran bailando encima de la tumba de nuestros derechos laborales».

En Les Corts se sacó adelante la ley pero sobre el horizonte de la futura televisión planea el conflicto jurídico por solucionar, encarnado tanto por una demanda colectiva en la Audiencia Nacional presentada por el sindicato CGT por incumplimiento del ERE como por los cientos de procesos en los tribunales, unos ya en marcha y otros que pueden interponerse a partir de ahora, según anunciaron los extrabajadores. El traumático cierre de la televisión pública es una herida sin cicatrizar. Toni Subiela, de Ciudadanos, se lo advirtió al Consell: «Teníamos un problema causado por el PP que ustedes no han solucionado, sino que han aplazado, y que a partir de ahora es una herencia que deberán asumir».

El síndic de Podemos, Antonio Montiel, que dentro de la alegría (ha sido él y su partido los que han pilotado el proceso de la nueva ley) mostró un perfil muy institucional intentó escenificar que se han mantenido junto a los extrabajadores hasta el final, pues ayer incluso forzó una votación (que perdió) para otorgar preferencias a los exempleados. «Aprobar la ley no cierra la puerta al diálogo para resolver los problemas jurídicos», aseguró Montiel, cuyo discurso no gustó a socialistas y nacionalistas por considerar que continúa jugando con ventaja y no demuestra la lealtad inherente a un partido con futuras responsabilidades en el Consell. De hecho, tanto Fran Ferri (portavoz de Compromís) como Rosa Pérez (diputada del PSPV) prefirieron ver la púrpura del futuro (el nacionalista fue más prudente, si bien los dos consideraron que la nueva ley garantiza la puesta en marcha de una televisión independiente del poder político) y reprochar las miserias del pasado: el cierre, el acoso sexual a trabajadoras, la baja audiencia, las denuncias de manipulación informativa...

El diputado del PP Jorge Bellver, por su parte, incidió en las incógnitas legales que rodean a la ley. Los populares critican que una normativa de tal enjundia salga adelante sin los avales de los informes de la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu o la Dirección General de Presupuestos, análisis que sí son preceptivos cuando una iniciativa legislativa emana del Consell, que no es el caso, ya que la propuesta nace y crece en Les Corts. Según Bellver, «la ley no da ni seguridad técnica ni jurídica», lo que supone «un riesgo y una incertidumbre de futuro».