La juez imputa a Andrés Llorens por un presunto amaño del Plan E

El que fuera mano derecha de Sonia Castedo en el Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, se enfrenta a una nueva investigación por presunta corrupción política. El exedil del PP de la Concejalía de Atención Urbana, cuyas sombras se extienden desde la contratación de sillas para eventos a la limpieza del Cementerio, deberá comparecer ante la instructora del 'caso Plan E' por las presuntas irregularidades con la adjudicación de las obras financiadas por el Ejecutivo socialista en la etapa de Zapatero. Así lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción semanas atrás y lo ha acordado el juzgado de la capital que dirige la investigación, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta imputación por delitos de malversación de caudales públicos, por la que tendrá que declarar en septiembre próximo, se une a la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de montajes para eventos a la firma Isjoma. En este segundo caso, el exconcejal deberá declarar también en breve, mientras espera sentencia por el juicio de la licitación de la reforma de la Plaza de Magallanes, en el barrio de La Florida.

El juzgado trata de determinar si entre la maraña de subcontrataciones llevadas a cabo por la firma Becsa, adjudicataria del contrato, se gestó una trama para el reparto de comisiones a costa del dinero destinado a las obras públicas con contratos a medida. En total, hasta cinco millones se podrían haber repartido los investigados pasando las obras a la mercantil CCMS para el soterramiento de 40 contenedores. Esta segunda, a su vez, gestionó la compra de material a Sedni, donde trabaja José Felipe Llorens, hermano del exedil.

Precisamente, de las últimas diligencias practicadas en este asunto fue la declaración de su hermano José Felipe, quien obtendría ingresos de dos de las firmas investigadas por los supuestos amaños, tal y como recoge el sumario de la causa. El allegado declaró en abril de este año que Andrés Llorens conocía de sus actividades como comercial en Sufi, subcontratada para la instalación de 40 contenedores soterrados, y en CCMS, principal mercantil investigada y por la que facturó 19.000 euros como autónomo, según detallaron fuentes próximas al caso.

La Fiscalía Anticorrupción ya se planteaba por esas fechas solicitar la imputación del exregidor ante su posible participación en el entramado.

Hasta el momento, figuran como investigados en esta causa uno de los jefes de la Concejalía, José Lidón, y dos empresarios por la contratación de las mercantiles CCMS y Becsa para distintas obras en la ciudad financiadas con el plan para el impulso de la obra pública. Dichas licitaciones se encuentran bajo sospecha tras la denuncia de la exportavoz municipal socialista Carmen Sánchez Brufal debido a que los pliegos parecían elaborados por las propias empresas que finalmente ganarían los concursos.

Anticorrupción abrió diligencias y en 2011 Instrucción 2 de Alicante ordenó detener a estos tres investigados, al tiempo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elaboró un minucioso informe en el que se detalla la presunta creación de la trama corrupta.

Además de los 40 contenedores, en esta causa se investiga la adjudicación de otros cien, así como otras obras de reforma aprovechando el presupuesto estatal.