Al César lo que es del César

Manaña, domingo, se cumplirá exactamente un año de la toma de posesión de César Sánchez como presidente de la Diputación Provincial de Alicante después de unas semanas de incertidumbre y de negociación entre el Partido Popular, que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta en la institución, y Ciudadanos, cuyo único representante entonces, Fernando Sepulcre, fue fundamental para que los populares mantuvieran el control del organismo, convertido desde entonces en la mayor centro de poder popular en la Comunitat Valenciana. La elección de Sánchez llegó por la generosidad de José Císcar, quien le cedió el puesto ante las exigencias de la formación naranja. A partir de ahí, empezó un año marcado por las disputas entre el gobierno provincial popular y la Generalitat del 'Pacto del Botánico' en el que César Sánchez reivindica la representatividad de la provincia y de la propia Diputación frente a la visión «centralista» del Consell.

Pero no solo eso. En el balance que realizó ayer en el Palacio Provincial, rodeado de todo su equipo de gobierno, César Sánchez también presumió de la capacidad inversora de la Diputación, con 75 millones de euros para las poblaciones, un 13% más que el ejercicio anterior; 45 millones para servicios básicos; 22,5 millones para atención social; 670.000 euros para turismo y otros 600.000 para sectores productivos. Una cataráta de cifras para demostrar que la Diputación es «el Ayuntamiento de los pueblos», un nuevo lema que apuntar. Al respecto, quiere que el PPCV lleve a Les Corts una Ley de Financiación Justa de Municipios, que ya tienen otras autonomías como Andalucía, para el reparto de fondos. Sería el contraataque a los decretos de coordinación del Consell.

Sirva también el lema para demostrar que «la Diputación es la única institución, más allá de los municipios, que representa la provincia de Alicante», por su composición con representantes de todas las comarcas. Frente a las críticas por el sistema de elección indirecta, que para algunos resta legitimidad al no elegir los ciudadanos directamente a los diputados provinciales, Sánchez defendió que «los diputados son elegidos por quien han sido elegidos por la ciudadanía, los concejales», por lo que la Diputación Provincial es «una institución representativa como ninguna otra, al margen de los ayuntamientos», reiteró.

Esta defensa de la institución ha sido un hilo argumental durante todo el mandato, desde el discurso de toma de posesión recordando al primer presidente provincial, Fernando Fernández Golfín (1812), hasta ayer mismo: «Las provincias son importantes, son un elemento integrador de la unidad de España».

La Diputación de Alicante se convierte en defensora de la causa provincial. Como tal, organizará en otoño un gran congreso nacional sobre estas instituciones, nacida en 1812.

Y, ante un héroe, su antagonista. La Diputación se ha encontrado, o ha buscado según las versiones, con la Generalitat Valenciana, el único punto negro de la gestión del equipo de gobierno provincial, según su presidente. De hecho, el único lunar en este año para César Sánchez,

«lo más triste», es el hecho de que el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, no haya realizado ninguna visita al Palacio Provincial.

Asegura que su equipo de gobierno trabaja «por normalizar la situación» con el Consell, pero «no entienden algunas cosas», entre otras, enterarse «por la prensa» de ciertas decisiones del gobierno autonómico, como los decretos de coordinación en materia turística y deportiva, recurridos ante el TSJ, o la colaboración entre la Agencia Valenciana de Turisme y Turespaña por encima del Patronato Costa Blanca.

A pesar de que no quiso enfatizar la crítica, no por menos se quejó Sánchez del trato que reciben de la Generalitat Valenciana. Quiso entender que el único motivo que tienen Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, para «tener la actitud que están teniendo con las diputaciones» es que tienen otra forma distinta al Partido Popular de «entender la Comunitat, la arquitectura constitucional y España».

Por eso, Sánchez llegó a «suplicar» a la Generalitat que les deje «trabajar con normalidad» y criticó que «el bloqueo administrativo» al que está sometiendo a la institución provincial les ha impedido poner en marcha el programa de Talento Joven, para el que ya tenían preparados 200.000 euros. «Hay demasiadas firmas en Valencia para que la Diputación siga funcionando», llegó a decir. Por contra, destacó la «filosofía de diálogo y consenso» que mantiene con el alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri.

De cara al futuro, además de mejorar su relación con la Administración autonómica, Sánchez se ha puesto varias metas. Presentó ayer el denominado Plan Provincial de Movilidad y Acccesibilidad, un programa de ayudas a municipios para eliminar barreras arquitectónicas. No solo eso, sino que la Diputación creará una ordenanza marco para que todos los consistorios se adhieran.

También tiene pendiente poner en marcha la zona franca en el puerto de Alicante, para lo que hace falta «ya» un Gobierno estable en el país.

Como deseo, pidió para la próxima legislatura una paridad en la Cámara provincial entre hombres y mujeres.