Piden elevar la presión sobre el comprador de productos falsos

Cazados en plena compra de una camisa, un bolso o unas gafas de sol falsas. Permanecer más vigilante sobre el cliente del 'top manta' o el usuario de las descargas ilegales con los mecanismos que prevé la ley fue uno de los puntos clave que salió ayer a relucir en la primera jornada del curso de verano de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con la Policía Nacional, con la propiedad intelectual y sus modalidades delictivas como protagonista. La primera ronda de intervenciones la formaron, entre otros ponentes, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el fiscal de Tribunal Constitucional, Jesús Tirado.

El mercado de la falsificación está en auge, según los datos que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO). Atendiendo a las cifras del último estudio llevado a cabo por ambas organizaciones, la compraventa de artículos al margen de la ley asciende actualmente al 2,5%. Es más, las importaciones por falsificación alcanzan el 5%, lo que se traduce en un total de 85.000 millones de euros, según detallo un responsable de EUIPO.

Por ello, tanto Magro como Tirado plantearon la necesidad de iniciar la vía de impedir que el consumidor adquiera estos productos y empezar a aplicar la normativa que permite sancionar penalmente al consumidor de productos falsos o copiados a sabiendas de que lo son, como ya sucede en Italia.

El magistrado murciano recalcó la idea de que «debe implementarse la cultura del respeto al producto original», así como «realizar campañas informativas para erradicar el consumo de productos falsificados» a fin de permitir a los fabricantes e inversores «crear más empleo si cuentan con un sistema que persigue el fraude y lo sanciona».

Según destaca otro estudio realizado junto con Europol, los resultados ponen de manifiesto que la falsificación de productos realizada dentro de la propia Unión Europea también continúa creciendo, no solo la que llega desde países no europeos. Por lo que este tipo de delitos supone una pérdida en venta de 60 millones de euros y la merma de más de 700.000 empleos, además de la no recaudación de tributos.

El acto de inauguración del curso contó con la presencia de la vicerrectora de Investigación, Amparo Navarro, el comisario superior de la Comunitat Valenciana de la Policía Nacional, José Javier Cuasante, el director adjunto del Observatorio Europeo de la Vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual de la EUIPO, Andrea di Carlo, el decano de la Facultad de Derecho, Pedro Femenía, el comisario provincial de Alicante, Alfonso Cid, y de Cristina Fernández Pacheco, codirectora del curso junto a Julián Serna.