La Audiencia absuelve al exvicealcalde de Alicante por el 'caso Magallanes'

Las «irregularidades» que la Audiencia Provincial advierte en la adjudicación del contrato de las obras de reforma de la Plaza Magallanes, en el alicantino barrio de La Florida, no son suficientes como para condenar al exvicealcalde de la capital Andrés Llorens por prevaricación y falsedad documental. Es decir, el tribunal de la Sección Décima entiende que «no consta» que ni el exedil ni el antiguo jefe técnico de Atención Urbana, Víctor López, como tampoco los directores municipales de la obra ni el gerente de la constructora Coinger SL, actuaran de forma que se «produjera perjuicio alguno al patrimonio municipal o a otras posibles empresas que pudieran haber aspirado a la contratación». Así lo recoge el fallo al que ha tenido acceso este diario, que absuelve a los cinco imputados.

La resolución judicial destierra las tesis de las acusaciones de que los procesados se compincharon para entregar los trabajos a la firma Coinger SL, adjudicataria de las obras principales. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba una pena de tres años de prisión para el político del PP, para quien pedía siete años de inhabilitación, y año y medio entre rejas para el empresario. Se trata de unos hechos que sucedieron entre 2007, cuando se adjudicó la obra sin las modificaciones que buscaba la asociación vecinal La Voz, y 2009.

La denuncia de la exportavoz socialista Carmen Sánchez Brufal correspondía a ese último año, cuando se constató que la plaza se había terminado en marzo e inaugurado en mayo sin culminar la tramitación administrativa hasta julio.

Pese a obrar al margen de los procedimientos, como prueba el fallo, los magistrados dicen que Llorens, representado por Luis Delgado de Molina, buscaba «satisfacer el interés vecinal, atendiendo a los intereses generales», aunque «fuera a costa de una ortodoxa tramitación del contrato». Tampoco advierte el tribunal conexión entre Víctor López, defendido por el letrado José Manuel Alamán Aragonés, y el contratista, cuya defensa ejerció Pablo Martínez Aliaga. Todos adujeron motivos de ahorro y la presión vecinal para justificar la tramitación irregular, tesis que asume la Sala.

Según defiende el tribunal, llevar adelante el proyecto atendiendo motivos económicos «no resulta descabellado o absurdo, sino razonable» por el perjuicio que hubiera supuesto mantener en suspenso la obra complementaria. Tampoco comparte que el tipo de contratación, un negociado sin publicidad, se empleara para «dar cobertura a la ilegal adjudicación de la obra que se había llevado a cabo». De hecho, consideran la opción válida al percatarse la administración de que el presupuesto de la reforma superaba en un 85% el proyecto original.

Sin perjuicio al Consistorio de la ciudad ni a terceros, las otras dos firmas a las que se invitó a continuar las obras pero que no concurrieron, ni intención de beneficiar al contratista la Sección Décima no observa que los reos incurrieran en prevaricación alguna.

Por otro lado, el tribunal justifica también que se mutara la realidad de las fechas, como acusaba la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, sostiene que el hecho de que cuando se firmó el acta de replanteo, documento que decreta el inicio de las obras, en julio de 2009, los trabajos estaban más que llevados a término obedece a la «necesidad de ajustarse a la efectiva adjudicación que se demoró (...) con el fin de que pudieran pagarse las obras» que figuraban en el contrato «y que efectivamente fueron realizadas», como añaden los magistrados.

Además del capote judicial notificado ayer a Andrés Llorens, sus compañeros de partido quisieron darle el político. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, se felicitó por la absolución pero aseguró que ello no compensará «la injusticia política» que sufrió este cargo público. El popular instó a que «quienes lo condenaron interesadamente» sean ahora quienes «pidan perdón».

Las acusaciones estudian ahora la posibilidad de recurso tras salvar Llorens los graves cargos por los que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en junio. No obstante, el exvicealcalde deberá responder todavía por otras dos imputaciones por presunta corrupción en el seno de Atención Urbana que se siguen en sendos juzgados de instrucción de la capital. Las investigaciones por el contrato de las obras del Plan E, cuyos beneficios fueron a parar a firmas relacionadas con su hermano, y el de los montajes de eventos a Isjoma, siguen abiertas.