Bernat Sirvent
Sábado, 23 de julio 2016, 01:18
«Hemos puesto orden a la dependencia». Fue una de las primeras frases que pronunció ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante su intervención para contestar a las preguntas de los ciudadanos en el ciclo 'Diàlegs d'Estiu' que ha traído a la UA a todo el Consell a lo largo de la semana que acaba. Y la provincia de Alicante ocupa un lugar privilegiado en ese nuevo concepto de gestión de una ley que «tras diez años de vigencia en esta Comunitat no se ha cumplido nunca» ni aún hoy todavía», recalcó.
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Sin equipamiento.
La segunda «gran sorpresa» que se llevó fue que desde 2008, el Consell del PP no había sacado la orden de ayudas para equipamientos de centros.
Ley 'trans'.
Entre los retos de los próximos meses, destaca la ley 'trans' y que las redes Infodona e Infojob serán públicas mediante su municipalización.
Pobreza energética.
Oltra destaca el Decreto Ley sobre la renta garantizada de ciudadanía, donde hay 20.000 personas en riesgo de exclusión social esperando poder cobrarla. «Se va a agilizar», dijo.
Oltra hizo balance del primer año al frente de la Conselleria más social, «la de la vida», como la calificó la vicepresidenta. Admitió que lo que más le había sorprendido era que no existía en la antigua Conselleria de Bienestar Social una base de datos con correos electrónicos y contactos de los servicios municipales de los ayuntamientos de la Comunitat. «Me imaginaba al llegar que había cosas mal, pero aparte del saqueo y la corrupción lo que hallé fue incompetencia, pues no existía un sistema tan esencial como una base de datos; pregunté cómo se gobernaba entonces en esta Conselleria y se hizo el silencio», comentó Oltra entre el murmullo de la sala, entre quienes se hallaban, además del conseller de Transparencia y organizador de las jornadas, Manuel Alcaraz; el rector de la UA, Manuel Palomar; y el presidente provincial de la Cruz Roja, Antonio Navarro, el cual realizó una presentación ocurrente y divertida de la ponente y moderó después las muchas preguntas de los ciudadanos.
Tras reconstruir esa base de datos, la Conselleria de Oltra ha municipalizado muchos servicios, especialmente en la provincia de Alicante, donde durante dos años no se realizó ni una sola valoración de expedientes de dependencia «por eso está especialmente afectada por la lista de espera». De ahí que Oltra vaticine que Alicante será la primera en ponerse al día en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal.
Explicó que el gran problema de los 45.000 expedientes del tapón existente en la Comunitat era la falta de validadores. Había 18 para toda la Comunitat y de ellos seis eran de Alicante. Para agilizar la tramitación, esta provincia ya cuenta con cien validadores, razonó Oltra.
A la pregunta directa de cuándo cumplirá la norma de dependencia la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta puso fecha: a finales del año 2018. La previsión es que de los 45.000 expedientes que forman el tapón, se resuelvan a razón de 15.000 al año. A una media de 1.800 al mes, que en estos momentos son 1.200 debido a que «nos encontramos con un problema añadido, que era la cesión ilegal de 40 empleados laborales para tramitar expedientes, que ahora estamos sustituyendo poco a poco por funcionarios interinos y llevamos dos meses con la plantilla al límite». «Aunque no al nivel de Castilla y León, Andalucía o País Vasco, pero estaremos al día a final de 2018, incluso incluyendo los 7.500 expedientes 'ex novo' anuales, aquellos de gente que solicita incorporarse al sistema de prestaciones menos los de personas que fallecen». La idea es extender el sistema de validación a los equipos multidisciplinares de los ayuntamientos como sanitarios o servicios de inserción laboral.
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En una intervención casi íntegramente en castellano, pues todas las preguntas estaban escritas en el idioma de Cervantes, Oltra inscribió esta apuesta en la aplicación de la Ley de la Dependencia dentro del «cambio de paradigma» en el seno del 'Pacte del Botànic' para «rescatar a las personas» y cambiar que los derechos dependan de la disponibilidad presupuestaria para que «el presupuesto se adapte a los derechos».
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