El juez procesa a Cierval por un fraude de 1,8 millones en formación

El juzgado de Primera Instancia 1 de Nules ha concluido la instrucción de la causa contra la patronal autonómica Cierval y la castellonense CEC por presuntas irregularidades en subvenciones para planes de formación y ha procesado a dos dirigentes de la CEC y a tres empresarios.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el instructor procesa también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación) que supuestamente emitieron las facturas falsas.

Esta documentación, supuestamente falsa, permitió el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval, de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.

En un auto notificado hoy a las partes, el juez concluye que los hechos investigados "revisten carácter de delito" y les procesa por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

Según el juez "existen indicios" de que Rafael Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Antonio Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, "aprovechándose de sus cargos orgánicos", "se concertaron" con cuatro empresarios -uno de ellos no ha sido localizado- "para beneficiarse económicamente del expediente que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial".

Los responsables de las organizaciones empresariales simularon la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos, según el juez.

Por ello, se concluye que las facturas emitidas "no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC" y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, "retiraban en metálico el dinero transferido".

De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.