Absuelto de prevaricación el alcalde de Hondón de los Frailes

El Juzgado de lo Penal 1 ha absuelto al alcalde de Hondón de los Frailes, el popular Eleuterio Jover García, acusado de permitir la construcción de medio millar de viviendas en suelo rústico de partidas del municipio con licencias para infraestructuras agrícolas. Ni era delito entonces ni ha quedado probado que el primer edil hiciese la vista gorda, según recoge el fallo al que ha tenido acceso este diario, para permitir un segundo Hondón, como lo calificaron algunos de los testigos. La sentencia establece que la vorágine urbanística que inundó de chalés con piscina una treintena de parajes naturales desde finales de los noventa hasta el 2007 no fue por dejadez del primer edil ni de su concejal de Urbanismo, José Ramón Gámez, también exculpado.

Según la sentencia, notificada ayer a las partes, la acusación del Ministerio Público y la acusación particular de prevaricación por silenciar la infracción de normas de ordenación del territorio o por omisión de llevar a cabo inspección no se introdujo en el Código Penal hasta el 2010. Es decir, que, en cualquier caso, el delito imputado no existía, tal y como trasladó al tribunal la defensa de Jover, el penalista alicantino Moisés Candela Sabater.

En lugar de viviendas, lo que se tramitaba desde el Ayuntamiento eran licencias para la construcción de aperos, vallados o albergues agrícolas. Sin embargo, cuando la Guardia Civil se personó en las zonas afectadas se topaban con chalés con barbacoa y piscina. No obstante, el máximo responsable de la población aseguró saber «cero de urbanismo», así como que confiaba en el anterior edil de Urbanismo, ya fallecido, y en el secretario accidental.

La magistrada ponente del fallo considera además que tampoco se ha logrado probar que los acusados actuaran a sabiendas «de su ilegalidad». Sin embargo, lo que sí quedó patente en el juicio, celebrado el 15 de junio pasado, «la precariedad y falta de medios materiales y personales del municipio», de ahora unos 1.200 habitantes, así como el «desconocimiento de los textos legales por parte de los miembros de la Corporación local», como reconoció el alcalde defendido por Candela Sabater.