La Fiscalía pide al Supremo que abra causa a Rita Barberá por blanqueo

Un paso más en el 'caso Taula', el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el grupo municipal del Partido Popular. La Fiscalía del Supremo también ve indicios delictivos en la actuación de la senadora Rita Barberá y presentó ayer un informe donde pide que el Tribunal Supremo abra una causa para investigar a la exalcaldesa. Su aforamiento limita al alto tribunal la posibilidad de encausarla y juzgarla. El futuro judicial de la exedil queda ahora en manos de la Sala Segunda del Supremo. En caso de aceptar el asunto, se podría asumir íntegro o sólo los hechos que afecten a Barberá.

La postura del ministerio público coincide en el fondo con la exposición motivada del juez sobre los indicios en contra de la exalcaldesa. El primero de ellos, era casi de lógica. Si se había citado como investigados -nueva denominación de imputados tras la reforma legislativa- a todos los concejales y asesores que donaron los mil euros, ¿por qué no se iba a hacer lo mismo con Barberá, quien incluso había reconocido que participó en esa supuesta colaboración con el grupo municipal? Además, el instructor detallaba entonces las sospechas que existían sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de amistad y jerárquica de la senadora con la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también investigada.

Hay que recordar que en esas fechas -mediados de abril- todavía no existía el último informe de la UCO que apuntala los indicios de que se reintegraron los 1.000 euros en billetes de 500 y que, además, detalla la operativa del delito electoral y cómo se financiaba el PP de Valencia. En definitiva, concluye que el PP utilizaba una cuenta opaca del Grupo Municipal para sufragar sus gastos de campaña. Este informe, según algunas fuentes, puede resultar determinante. El trabajo de los agentes permite, más allá de una suposición, intuir que el partido recibía dinero de procedencia ilícita. De ahí la necesidad de reintroducir esas cantidades en el flujo legal. La Guardia Civi sostiene que en 2015 se optó por el pitufeo de los concejales. Otros años, en cambio, se había ingresado en esa cuenta en efectivos tras recibirlo de un misterioso recaudador que recogía dinero de donantes del PP. La declaración judicial de la cajera del PP en la que reconoció la existencia de esta persona -sin querer desvelar su identidad- complicó la situación judicial del resto de investigados.

Las explicaciones de Barberá al juez tampoco acabaron de despejar las sospechas sobre su actuación. Presentó un escrito con su versión de los hechos. El argumento principal consistía en atribuir todas estas sospechas a una venganza del exvicealcalde Alfonso Grau, enfadado tras su marcha del Consistorio por el caso Nóos y por el puesto en las listas que ocupó su esposa María José Alcón, hoy también investigada. Añadía que los cuatro testigos -asesores que se negaron a colaborar en la donación al partido-dependían de él. A favor de Barberá, el juez sólo mencionó que nadie hasta la fecha había realizado una imputación directa sobre ella.

Aquel informe fue la respuesta del juez al escrito que semanas antes había presentado uno de los fiscales Anticorrupción de Valencia en el mismo sentido Recogía básicamente los mismos indicios en contra de la exalcaldesa. Los testigos, las dos arrepentidas que reconocieron que sí les devolvieron el dinero, los sospechosos ingresos en efectivo en las cuentas de alguno de los investigados...

Proceso

Lo habitual es tanto la Fiscalía provincial como la del Supremo compartan la misma interpretación de los hechos, tal y como sucede en este supuesto. Lo excepcional suele ser la discrepancia. El ejemplo más reciente de esta diferencia de criterio fue el cierre del conocido como caso Ritaleaks. Desde Valencia, el fiscal apreció un delito de malversación y prevaricación por los gastos de la última legislatura. En cambio, sus compañeros del Supremo no apreciaron indicios suficientes para abrir una causa penal.

Se da la circunstancia de que el informe se ha presentado ahora, meses después de que el caso se enviara a Madrid y una vez superadas las elecciones del 26J. Hasta la fecha Barberá ha esquivado la acción de la Justicia en dos ocasiones. La primera, por la negativa a la retirada de símbolos franquistas durante su mandato. El Tribunal Supremo entendió que no había delito y procedió al archivo como había sucedido en otros casos similares contra otros alcaldes. El segundo fue la ya comentada investigación por los gastos en viajes y restaurantes. Ahora afronta el tercer envite. La decisión del alto tribunal resultará clave para el futuro del resto de investigados, los 47 concejales, asesores y exresponsables imputados.