El juez acusa a la patronal autonómica y a la de Castellón de defraudar 1,8 millones

El titular del juzgado de Primera Instancia 1 de Nules (Castellón) no ha querido terminar el curso sin asignaturas pendientes para septiembre. A última hora de la mañana, se comunicaba el término de la instrucción de la causa contra la patronal autonómica Cierval y la castellonense CEC por presuntas irregularidades en subvenciones para planes de formación y ha procesado a dos dirigentes de la CEC y a tres empresarios.

Al cumplirse un año desde la puesta en marcha de la maquinaria judicial han sido procesados el secretario general de la CEC y exsecretario general de Cierval, Rafael Montero; el responsable de formación de la patronal castellonense, José Antonio Espejo, y tres empresarios vinculados a centros de formación. El juez no ha considerado que responda ante la justicia el expresidente de la patronal castellonense, José Roca, que dimitió de su cargo el pasado martes.

Como instituciones, también el instructor ha procesado a la patronal autonómica Cierval (que era la que repartía los fondos públicos entre las provinciales), la provincial castellonense CEC (que los gestionaba en su ámbito geográfico), al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón (dependiente de la anterior) y a otras cuatro mercantiles beneficiarias de estos cursos al ser academias y centros de formación y que emitieron las facturas supuestamente falsas.

Esta documentación, habría permitido desviar 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval en 2009 y 2010, de los 12 millones que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana, según señala el juez en el auto que se notificó ayer a las partes. Para el instructor, los hechos investigados «revisten carácter de delito» y les procesa por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

El auto apunta que existen indicios de que Rafael Montero, entonces también secretario general de la patronal autonómica y de la castellonense, y José Antonio Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, se habrían aprovechado de sus cargos orgánicos para ponerse de acuerdo con cuatro empresarios (de los cuales uno no ha sido localizado) «para beneficiarse económicamente del expediente», que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación.

Los responsables de las organizaciones empresariales habrían simulado la realización de los cursos y, de nuevo desde la patronal, se habrían autorizado los pagos.

De hecho, el juez instructor considera que las facturas emitidas «no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual» entre la entidad pagadora, la CEC y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación, quienes, recibida la transferencia, «retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido». De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.

El auto transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción que se inició en julio de 2015 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, la causa queda ya en disposición de que se celebre el juicio. El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En el supuesto de que el ministerio público entienda que debe celebrarse juicio porque comparte la idea de que existen indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos. Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los procesados para que, a su vez, formulen el escrito de defensa.

Desde la patronal autonómica Cierval, se recuerda que Montero dejó de ser secretario general desde la organización en 2011, al incorporarse a la presidencia José Vicente González. Además, se insiste en que la organización no ejecutaba las subvenciones y sólo tramitaba la documentación. En todo caso, fuentes empresariales apuntan que se va a estudiar presentar recurso a su posible procesamiento, si el fiscal lo ratifica.