Casi 50.000 euros a Ortiz por retrasos en el pago del parque de Bomberos

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer por vía de urgencia el pago de casi 50.000 euros (49.485,16 euros exactamente) a la UTE formada por Enrique Ortiz e Hijos y Aplitec SL por demoras en el abono de diversas certificaciones de obra por la construcción del Parque Central de Bomberos 'Ildefonso Prats' y el cuartel de Policía Local ubicados en Locutor Vicente Hipólito, en la Playa de San Juan.

Las mercantiles habían reclamado al Ayuntamiento en un escrito presentado el pasado 7 de mayo el pago de hasta 174.568,68 euros por el retraso en el pago de varias facturas pendientes por obras realizadas en esta instalación municipal, que acumula varios años de retraso en la construcción y que solo está abierta a mitad, puesto que la Policía Local todavía no ha podido trasladarse, aunque sí el Speis, que abandonó el cuartel de la calle Italia a su nueva ubicación en la playa.

Estas facturas venían arrastrándose desde más allá del año 2012, según la documentación que obra en el expediente aprobado ayer por la Junta de Gobierno. De hecho, no se le ha abonado todo el montante que la empresa reclamaba porque la Intervención Municipal considera que una parte de los intereses de demora (todas aquellas cuyo pago se produjo con anterioridad al 29 de abril de 2012) a los que tenía derecho han prescrito.

Estos casi 50.000 euros que ahora tendrá que abonar el Ayuntamiento se incluirán dentro del capítulo de 'Intereses de demora' contemplado en el vigente presupuesto municipal.

No es la única sorpresa en este sentido que se ha llevado el actual equipo de gobierno local, que también ha tenido que hacer frente a pagos comprometidos por actuaciones de la etapa de Díaz Alperi y Sonia Castedo, como la sentencia del 'caso Hansa', que le obligó a abonar 18 millones de euros o los abonos a servicios sin contrato, un tema que el alcalde quiere solucionar en septiembre y que ha supuesto unos nueve millones de euros a empresas del grupo Ortiz por la limpieza de colegios, dependencias municipales y cementerio.

Todos estos pagos influyen en el presupuesto municipal, tanto de este año como del próximo, aún sujeto al plan de ajuste al que se acogió el Ayuntamiento de Alicante y que estará vigente hasta el 2023. Las cuentas municipales están cuadradas y controladas por el Ministerio, que obliga a igualar gastos e ingresos.

Al respecto, preguntado por este periódico, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento contemplará la segunda fase del programa Xarxa Llibres, cosa que no ha hecho la Diputación para cumplir el techo de gasto. Sin embargo, Echávarri considera que se trata de «diferencias ideológicas» porque «el PP no quiere que los niños tengan libros gratis».