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José Vicente Pérez Pardo
Domingo, 14 de agosto 2016, 01:20
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, regresa el martes después de unos días de vacaciones, las primeras oficiales desde que cogió el puesto en junio de 2015 y en las que ha estado cubierto provisionalmente por Natxo Bellido, concejal de Contratación y portavoz del equipo local de gobierno.
Además de para descansar y cargar pilas, seguro que el alcalde habrá aprovechado estas jornadas estivales también para reflexionar y tomar perspectiva sobre el estado de la ciudad de cara al nuevo curso político 2016-2017, intenso desde el principio en todos los aspectos (institucional y político) y que culminará con el ecuador de la legislatura. Un año después de asumir la vara de mando, es hora ya de tomar decisiones y comenzar a cerrar los debates abiertos por el ejercicio tan frenético que ha llevado la ciudad.
En el propio equipo de gobierno así lo toman. Después de que la actividad municipal se haya visto bastante interrumpida por los procesos electorales nacionales de diciembre y junio, en el entorno del regidor consideran que «es hora de vender gestión» y centrarse en los asuntos del día al día del Ayuntamiento, dejando otros aparte.
El propio Echávarri parece que así lo piensa. Quiso cerrar el debate sobre su continuidad al frente de la agrupación socialista local al anunciar en la asamblea de final de ejercicio que se presentaría a la reelección como secretario general. La aprobación con un 80% de apoyos del informe de la dirección local parece que le otorga suficiente respaldo para que no haya una lista alternativa, pero nunca se sabe con los socialistas alicantinos.
También está pendiente el periodo congresual en el PSPV a nivel nacional (en su terminología, o autonómico, en general) aunque, si no hay más honduras, siempre será un problema menor para el alcalde teniendo en cuenta lo que tiene delante en el Ayuntamiento, empezando por su círculo más cercano y por el propio equipo de gobierno.
Cambios en el equipo
Reestructuración
La renuncia por asuntos profesionales de la jefa de gabinete, Ana Vaquer, obliga a reestructurar el núcleo duro de Alcaldía. En la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se creó el puesto de jefe de Alcaldía, hasta ahora inédito en el organigrama municipal, por tanto un funcionaro asumiría parte de las funciones de Vaquer. Pero no solo. Aprovechando esta remodelación también podría afectar al equipo de gobierno, con cambios de competencias entre los ediles, incluso no solo socialistas, aunque el alcalde tendrá que negociarlo con sus socios: Compromís y, sobre todo, Guanyar.
Esta reestructuración del equipo de gobierno viene en consonancia con la reorganización general del Ayuntamiento que quiere acometer el alcalde y para la que ha pedido propuestas e ideas a los funcionarios en una carta remitida el mes pasado para conseguir «mayor eficencia».
Hay departamentos que están saturados y no responden con la agilidad que deben, según el criterio del alcalde. Casos como Urbanismo u Ocupación de Vía Pública, ambos en manos de Miguel Ángel Pavón, acumulan bastante retraso, que el vicealcalde excusa por falta de personal. Pero entienden que también de organización. Con la nueva RPT aprobada, ya no habrá excusas, se dispondrá de funcionarios allá donde se necesiten, pero también habrá que darles agilidad para cumplir los trámites, por lo que se le pedirá a Pavón mayor flexibilidad y se le ofrecerá ayuda para dar salida a los expedientes que permanecen en su despacho, algunos desde hace meses, pendientes de autorización.
Otros, como en Contratación, no dan abasto. Incluso con mesas de contratación en agosto, los proyectos de inversiones sostenibles tienen que salir cuanto antes porque las obras tendrán que estar ejecutadas antes del 31 de diciembre si no se quiere aplazar la financiación hasta el remanente de 2016. En esas anda Natxo Bellido. Demasiado dinero pendiente que el Ayuntamiento no puede perder por problemas administrativos.
Pero no solo es por motivos organizativos, sino que algunos miembros del equipo de gobierno le han hecho saber al alcalde sus preferencias por ocupar otros ámbitos de actuación municipal, unos al llevar sobrecarga de trabajo y otros en busca de mayor proyección pública y política, teniendo en cuenta que algunas de las carteras más populares las asume directamente el alcalde: Comercio y Fiestas, encargadas a Pedro de Gea y Miguel Castelló, sobre cuya gestión no tiene ninguna duda el alcalde. No obstante, también podría hacer algún tipo de cambio en estas áreas, quizás para premiar a sus asesores.
Sobre todo ello viene reflexionando el alcalde las últimas semanas y la decisión la tiene que tomar en los próximos 15 días, ya que el puesto de Vaquer quedará vacante antes del 1 de septiembre. En el 'impass' de las dos semanas casi inhábiles de agosto se podía aprovechar para el cambio y que los nuevos responsables de cada área asumieran sus competencias definitivas para el nuevo ejercicio político.
El modelo comercial
Con Ikea en el disparadero
No será sencillo, puesto que el primer toro que le viene al alcalde es de aquellos de enfermería o puerta grande. Y no es otro que Ikea. La instalación de la multinacional sueca del mueble, después de una década de infructuosas andanzas por la ciudad, afronta una decisión definitiva. Una vez que la empresa ha roto con Enrique Ortiz, oficialmente queda que la Conselleria de Territorio desestime la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para que el asunto vuelva al ámbito municipal. Hasta entonces, no habrá conversaciones con Ikea.
Oficialmente, porque los contactos son continuos, como este periódico ha venido informando. El Ayuntamiento y Alicante Avanza habrían cerrado ya un acuerdo para la instalación de Ikea en la ciudad con un modelo de tienda más centro comercial abierto (como el que ya existe en el Parque Vistahermosa, por ejemplo) en unos 42.000 metros cuadrados, la mitad del proyecto original. Desde la empresa también se han puesto en contacto con las asociaciones de comerciantes para que valoraran este nuevo proyecto.
Con este acuerdo, solo quedaría por cerrar la ubicación del complejo, nunca mejor dicho, comercial. Aquí todo depende de la santa voluntad de los suecos. No hay más. El Ayuntamiento ha mostrado algunas parcelas en diferentes zonas de la ciudad (carretera de Ocaña, Babel, PAU 1...) para que los técnicos de la empresa las valoraran y dieran su opinión. En principio, ninguna les ha gustado más que los terrenos de Rabasa, con conexión directa con la autovía y entre dos núcleos como Alicante y San Vicente del Raspeig.
Y aquí viene la gran cuestión: ¿qué hacer? Echávarri ya ha dejado caer la coletilla en los últimos tiempos de que estaría dispuesto a aceptar la ubicación de Ikea en Rabasa (en los parámetros antes expuestos) «siempre que no haya sospecha de corrupción» en la operación. Con Ortiz fuera, esa sombra se desvanece, lo que parece que sería un sí implícito del alcalde a que se sitúe la multinacional en esta ubicación.
El problema, entonces, lo tendría Echávarri con sus socios de gobierno. Más bien con su socio Miguel Ángel Pavón, que sería el más remiso a aceptar que Ikea esté en Rabasa tras años de batalla política y judicial con este tema. Pero en el equipo de gobierno son conscientes de que, si no hay alternativa, la tienda tendrá que ir ahí. Perder 250 millones de euros de inversión directa, más miles de empleos directos e indirectos y un potencial atractivo sería «la muerte», expresaban las fuentes consultadas por este diario. Una tacha indeleble para el alcalde el resto de la legislatura, entienden desde su círculo más cercano, pese a que el problema ha venido sobrevenido desde hace años.
Echávarri no lo aceptaría, pero el enfrentamiento con Guanyar supondría romper un tripartito inestable desde el primer día y que ha aguantado las presiones, de fuera y también de una parte de los socialistas alicantinos, precisamente por la resistencia del alcalde. La gobernabilidad de la ciudad, ya en entredicho al no tener mayoría el equipo de gobierno en el Pleno, sería más complicada aún.
Con los dos concejales no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, cambiar los votos de Guanyar por los de Ciudadanos, aunque por fuera, dejaría un equipo de gobierno mínimo (nueve concejales) y sin capacidad de aprobar nada sin negociar ni con quién hacerlo, de ahí las presiones a los tránsfugas para que abandonen sus actas. Una situación más imposible aún que la actual. Todo eso en el mejor de los casos, que Ciudadanos aceptara apoyar un gobierno en el que esté Compromís; en el peor, una entelequia total.
La libertad horaria
Con las condiciones claras
El diseño comercial, y por ende económico, de la ciudad no depende única y exclusivamente de Ikea. El alcalde también está pendiente de la resolución de la Conselleria de Economía Sostenible sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Por ahora, se mantiene abierta solo la avenida Maisonnave, en el modelo que dejó el Partido Popular y que Echávarri cerró para después regresar gracias al acuerdo que obtuvo con El Corte Inglés para que sus trabajadores hicieran 13 festivos (al final serán 11 después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, le copiara la propuesta y el alcalde renegociará para bajarla).
Este acuerdo está disponible para todas las grandes superficies y Echávarri tan solo está esperando que, una tras otra, empiecen a firmarlo para llegar hasta ese abierto total que tenía cerrado ya con el Partido Popular y que no se dará hasta meses después ya que el popular Luis Barcala le retiró el apoyo.
La Conselleria de Economía Sostenible, dirigida por Rafael Climent, se ha mostrado favorable a crear una normativa autonómica para regular el sector comercial, algo contra lo que ha chocado siempre con el alcalde. Sin embargo, la política comercial llevada a cabo por Ribó en Valencia, del mismo partido que Climent, ha obligado a cambiar las tornas y a que la Generalitat Valenciana sea más flexible en la apertura en festivos, eso sí, siempre con una contraprestación en forma de límites para las plantillas y contratación temporal de más personal. A cambio, Rafael Climent ha conseguido más poder tras la reforma del Consell, donde logró desplazar a María José Mira a otra Conselleria.
El alcalde quiere que el acuerdo con todas las grandes superficies esté hecho en unos meses (lo ideal sería antes de la campaña de Navidad), para lo que ha apretado a los centros comerciales para que se sienten y firmen su compromiso de trabajo y estabilidad. Confía en que los sindicatos también presionen y en la desventaja competitiva respecto al centro para que los que falten rubriquen el acuerdo y se amplíe la ZGAT hasta cubrir toda la ciudad. Con ello, habrá terminado con el debate que él mismo abrió hace unos meses y que tantas vueltas ha dado.
Los presupuestos
Las cuentas no cuadran
Mientras el tema comercial parece bastante encaminado, el último semestre del año se aventura tormentoso en la confección de los presupuestos precisamente por la inestabilidad política reinante en el Ayuntamiento de Alicante. Si todo va bien y el 30 de septiembre hay Gobierno y está aprobado el techo de gasto y las cuentas generales del Estado, al Ayuntamiento le quedarán tres meses para aprobar sus propias cuentas y pasarlas, aún, por Hacienda.
La opción más clara que tiene el tripartito, si es que continúa cuando comiencen a discutirse las cuentas, es apoyarse en los cinco concejales de Ciudadanos, toda vez que el diálogo entre Echávarri y Barcala es prácticamente inexistente, al contrario que con Cifuentes, con una relación bastante más fluida.
Cifuentes, además, ha ganado poder orgánico en Ciudadanos al ser elegido presidente de la gestora de la formación naranja en la ciudad. Debe ser la persona de diálogo con el equipo de gobierno para poder aprobar unos presupuestos cada vez más permisivos, aunque todavía con el plan de ajuste sobre sus cabezas.
Con el pago ya efectuado de setencias y obligaciones de anteriores mandatos (algunas tan onerosas como los 18 millones del 'caso Hansa Urbana'), el alcalde quiere que comience a notarse ya el próximo año cierta alegría financiera en forma de inversiones para la ciudad, también pensando en poderlas abrir entre 2018 y 2019, año electoral.
Las cuentas pasan por unos 40 millones de euros en inversiones para la ciudad con lo que se pueda sacar del capítulo de sostenibles y del remanente del actual ejercicio, que se prevé importante. Este capital se lo tendrán que repartir las diferentes concejalías en un ejercicio de diálogo y negociación, por lo menos tan complicado como el pasado, aunque cada vez la necesidad de destacar se hará más patente.
Los contratos
Licitar y adjudicar ya
Para otras cosas sí que no hay tiempo para más debates, caso de las contratas caducadas y que le han costado al Ayuntamiento once millones de euros fuera de contrato. El propio alcalde manifestó su enfado por el asunto y presionó a la concejal de Infraestructuras, Gloria Vara, para que sacara a licitación los contratos de limpieza de dependencias municipales y colegios y el del cementerio. El próximo mes deberán estar publicados los pliegos de condiciones para que, cuanto antes, se puedan adjudicar. Sin embargo, no será antes de unos meses (febrero o marzo se calcula, según los casos), por lo que se seguirán pagando servicios fuera del contrato y a un precio superior al actual de mercado.
El Ayuntamiento ha explorado todas las posibilidades que se le han planteado (sucesión de empresas, rescate...) y ninguna ha contado con todos los parabienes técnicos, de ahí que Echávarri haya tomado una decisión definitiva. Para los próximos presupuestos, pues, se espera un buen ahorro en estos capítulos, algo que también agradecerán las cuentas municipales y el propio alcalde.
Comienza, pues, el año II de Echávarri al frente del Ayuntamiento de Alicante, el que debe ser la consolidación definitiva del proyecto, que le permita consolidar la base de voto y proyectarla para dentro de dos años. Pero, también, puede ser que las circunstancias le obliguen a romper su guión y comenzar a escribir una nueva historia.
Mejor que haya venido descansado porque si algo ha aprendido de su año en el Ayuntamiento es que no hay día fácil en Alicante.
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