Las carreras en la Comunitat llegan a costar el doble que en otras regiones

Los estudios universitarios son caros, tanto para las economías domésticas como para las propias instituciones. En los centros públicos, los aspirantes a titulados cubren aproximadamente el 20% del coste total de su carrera a través de las tasas, mientras que el 80% restante corre a cargo de las universidades y su principal mecenas, la Generalitat. En los últimos años estas vías de financiación han variado su peso: más aportación de los particulares para compensar la menor financiación pública. Hace una década, en el curso 2006-2007, los universitarios pagaban entre 7,67 y 11,71 euros por crédito en función del título (entonces diplomaturas o licenciaturas). En el que viene la horquilla variará entre los 16,31 y los 24,89 euros de los grados, las carreras nacidas bajo el paraguas del plan Bolonia, ideado para homogeneizar todos los estudios superiores europeos. En valores relativos, el incremento supera el 112%.

Y es que para el próximo ejercicio los grados se han mantenido en los precios más altos de su corta historia, donde los situó el PP en el 2013-2014. Es la misma política que han adoptado todas las autonomías con la excepción de Madrid, que baja las tasas un 5%, lo que no quita que se den situaciones curiosas, como que la misma carrera cueste el doble en la Comunitat que en la región más económica: Andalucía. Es lo que sucede con Medicina, la más demandada con diferencia. El primer curso -60 créditos- en las universidades públicas (Universitat, Jaume I y Miguel Hernández) implica para el alumno y su familia un desembolso de 1.493,4 euros -contando que lo apruebe todo-, cifra que baja a 757,2 en la citada autonomía. Es un 97,2% más.

Hay que recordar que las administraciones tienen cierta libertad para fijar las tasas dentro de los límites que establece la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representadas las comunidades y el ministerio. Desde 2012, en la primera matrícula, pueden oscilar entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios. En otras palabras, las diferencias entre autonomías, pese a que los títulos tienen la misma validez en todo el territorio nacional, dependen de las políticas aplicadas.

Las más económicas

Andalucía se disputa con Galicia el honor de tener las carreras más económicas, mientras que la Comunitat se sitúa en el otro extremo de la clasificación junto a Madrid, Cataluña y Castilla y León. Es la cuarta más cara. La Junta que preside Susana Díaz ha decidido mantener el mismo precio de los últimos años para todos sus grados (12,62 euros el crédito), mientras que en Galicia, que ha seguido el mismo camino, oscilan entre 9,85 y 13,93.

Esto provoca que el grado en Derecho cueste en la Comunitat un 65,5% más que en Galicia (de 978,6 a 591). Un caso parecido se da entre las ingenierías. En la Comunitat el primer curso llega a 1.431 euros, a 23,85 el crédito, dato que en Andalucía baja a 757,2 y en Galicia a 835,8. En cuanto a las regiones limítrofes con la valenciana, todas excepto Cataluña ofrecen precios más asequibles en la mayoría de sus grados.

En clave autonómica, el Consell ha seguido la misma pauta que la mayoría de regiones: la congelación de las tasas pese a las promesas de bajarlas y con todas las universidades públicas en contra. Desde la administración se argumenta que se trabaja en un plan para reducirlas de manera progresiva a lo largo de la legislatura, aunque es cierto que en los dos primeros cursos del PSPV y Compromís (2015-2016 y 2016-2017) no han habido novedades.

Para el primer ejercicio se barajó la posibilidad de hacerlo, pero se optó por potenciar el sistema de becas autonómico. Se han creado nuevas modalidades -las hay hasta para que los que suspenden asignaturas varias veces puedan terminar la carrera), se han reducido los requisitos académicos (se pasa del 5,5 de nota media al 5) y se ha incrementado la inversión.

Apostar por las ayudas al estudio a nivel regional implica centrar el esfuerzo en una parte pequeña del alumnado, en el sentido de que a la inmensa mayoría de becados los cubre el ministerio, mientras que una bajada de tasas beneficiaría a todo el estudiantado valenciano. Y de paso, obligaría a la Generalitat a mejorar la financiación ordinaria de las universidades.