El Ayuntamiento afronta sentencias judiciales por los impagos de la grúa

El concejal de Hacienda, José Hurtado,calificó ayer como «una cuestión muy grave» el hecho de que desde 2012 el Ayuntamiento afronte un cúmulo de sentencias judiciales que corresponden a una serie de facturas impagadas «y no conformadas» por la prestación del servicio de guarda y custodia de vehículos en el depósito municipal, lo que popularmente se conoce como 'la grúa'. Hurtado dijo no comprender esta situación de los anteriores gobiernos del Partido Popular de un periodo que comprende desde 1991 hasta 2008 y señaló además que «es una cosa extraña que las facturas se hayan presentado fuera de plazo», que según el edil es por lo que no han podido validarse las mismas.

Hasta el momento el Consistorio salinero ya ha hecho frente al abono por sentencia judicial de siete que elevan la cuantía hasta los 2.596.000 euros, junto a los intereses de demora y costas procesales pero el responsable de la hacienda local explicó que hasta el departamento de Intervención han llegado otras facturas de la adjudicataria del contrato hasta 2008 que superan los cuatro millones de euros, lo que eleva la cantidad a 6.655.756 euros. Se trata de impagos que «abarcan nada más y nada menos que 17 años» y el concejal de Hacienda insistió en que «no deja de ser curioso ese limbo de facturación en el que se estuvo lo que nos obliga a preguntarnos de nuevo acerca de cómo se ha estado gestionando el Ayuntamiento durante todos estos años en los que el Partido Popular ha campado a sus anchas con sucesivas mayorías absolutas».

Hurtado añadió que esta situación tiene unos responsables que son los concejales delegados de Tráfico de todo este largo periodo que recordó fueron el que fuera alcalde Pedro Hernández Mateo, Eduardo Gil Rebollo, Pedro Valero y Tomás Arenas. «A ellos habría que preguntarles por qué han gestionado de este modo, sobre todo a Eduardo Gil Rebollo, que es de la vieja guardia y sigue sentado en el salón de plenos como concejal del PP», espetó el edil. También se refirió a la última sentencia «que nos deja la perla de 118.470 euros, correspondiente a una factura presentada el 19 de mayo del 2008, y que el actual gobierno, heredero de ese desastre, ya ha incluido en el presupuesto de este año lo que incrementa el gasto de manera excepcional» y añadió que «se hace pese a los esfuerzos por controlar la regla del gasto que ha impuesto el Partido Popular y que tanto daño está haciendo a los ayuntamientos que tenemos recursos a la hora de afrontar con efectividad los servicios que demandan los ciudadanos».

El responsable municipal de Hacienda durante su intervención consideró que los casi seis millones de euros «son muchos como para que el actual gobierno se mantenga en silencio y no informe a los ciudadanos de que, mientras el Partido Popular está tratando de imponer el relato de que en Torrevieja nada funciona, ese mismo gobierno al que se acusa de ineptitud e ineficacia es el que en un año está haciendo infinitamente más que el PP en casi treinta de gestión».

También incidió en que «este equipo de gobierno sigue sufriendo el desastre de ese largo período» lo que dijo condiciona actuaciones «que serían deseables en casi todos los órdenes: basura, limpieza viaria y de edificios, fluidez en la generación de contratos debido a la larga o la desastrosa política de personal» y otros entre los que citó dentro de sus críticas al PP la falta de efectivos «y un enrarecimiento generado y alimentado durante años en la Policía Local junto a la ausencia de contratos de larga duración que amparen la celebración de fiestas y eventos culturales evitando el fraccionamiento». Hurtado metió en esas carencias de los gobiernos populares también «infraestructuras obsoletas en cuestiones como el alumbrado público y el abandono de paseos y parques públicos».

Por su parte el PP replicó que la reclamación de la empresa fue por la custodia de vehículos fruto de operaciones policiales a instancias de los juzgados y que todas las facturas fueron presentadas por la empresa de modo global en el 2008 cuando terminó la concesión. Asimismo los populares dijeron que si estas no fueron validadas por los técnicos fue debido a que estos entendieron que el Consistorio no debía abonarlas.