Educación no descarta que los universitarios se queden sin becas por el bloqueo del TSJ

Miles de becas universitarias están en el aire y puede que no se adjudiquen. La paralización de las ayudas por el TSJ -ante el recurso de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir que denuncia la exclusión de sus estudiantes- provocó ayer un polvorín de reacciones y un cruce de acusaciones entre el Consell y la institución académica y los partidos políticos. Unos a otros se reprochan que miles de alumnos están en claro riesgo de quedarse este curso sin ayudas y de dañar a la pública y a la privada.

La Conselleria de Educación recibió el vienes por la tarde la notificación. El TSJ había bloqueado cautelarmente dos tipos de becas: la de la Generalitat y las de no abandono, dotadas con 3 millones y 150.000 euros, respectivamente. Aunque también se había presentado recursos contra las becas-salario y las de excelencia universitaria (6 millones de euros), en éstas dos últimas el alto tribunal no admitió la suspensión cautelar.

Educación anunció un recurso que se presentará esta semana y ayer, su secretario autonómico, Miguel Soler, -que desde el primer momento fue muy crítico a través de las redes sociales- cargó contra la Católica por perjudicar a los universitarios de la pública y privada y advirtió de que no se puede garantizar que las becas puedan adjudicarse este año. Un argumento que también utilizó el campus privado: «La política educativa del Consell perjudica a los alumnos de la pública y la privada».

Según Soler, se va a tratar con todos los medios para que «los estudiantes puedan recibir las becas». «Haremos todo los posible», insistió. Sin embargo, alertó a «la sociedad que si eso no es así este año es exclusivamente por culpa de los responsables de la Católica, que han primado sus intereses particulares paralizando el conjunto de las becas, antes que pensar de verdad en quiénes son los que las necesitan».

El secretario autonómico lamentó que la universidad privada haya recurrido todas las convocatorias «no para pedir que sus estudiantes también se puedan incorporar, sino para paralizarlas». Y volvió a poner ejemplos de las diferencias de gasto. Cursar Medicina en la pública requiere 12,7 de nota media y pagar 1.500 euros y en la Católica de Valencia «les basta con tener un 5 y, eso sí, 10.000 mil euros anuales», con lo cual la pregunta es «¿a quién le debemos dar las becas?».

A través de un comunicado se pronunció la institución privada, que afirmó que «este resultado» -en referencia al bloqueo- «es consecuencia de los actos» de la Conselleria.

«El carácter discriminatorio de las becas se argumentó por esta universidad ya en la publicación de las bases y fue desoída por la Generalitat. El mismo carácter e informe negativo se libró por el Consell Jurídic Consultiu y por el Ministerio Fiscal, lo que se recoge en los propios autos del TSJ», recordaron las citadas fuentes, quienes añadieron que «la falta de diálogo y de estudio de criterios alternativos a los suyos ha determinado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia». «Por tanto, las consecuencias y efectos que ahora se derivan no son atribuibles ni al TSJ ni a la Universidad Católica sino a la negación de un replanteamiento por parte de la Conselleria», remarcaron.

El rector, Ignacio Sánchez Cámara, insistió en que «el tribunal se pronuncia sobre el recurso sustentado en la defensa de los derechos fundamentales de nuestros alumnos, en defensa de la igualdad y no discriminación, cuestión que ha sido reiteradamente advertida ante la Conselleria».

Normativa de urgencia

El cruce de acusaciones también lo protagonizaron ayer los partidos políticos. El PP anunció que exigirá al Consell «una normativa de urgencia, acelerando al máximo todos los plazos administrativos» para que los alumnos universitarios con derecho a beca puedan recibirla este mismo curso. El portavoz popular de Juventud, Juan Carlos Caballero, aseguró que la medida del conseller de Educación, Vicent Marzà, excluye a los estudiantes de las universidades privadas y «divide a los universitarios en buenos y malos». Marzà «debe hacer frente a las consecuencias de sus decisiones sectarias y caprichosas», señaló el portavoz del PP de Juventud, quien dijo no entender por qué si un estudiante cumple con los criterios académicos y de renta fijados no puede acceder a esta ayuda.

Unas criticas que recibieron réplica por parte del PSPV y de Compromís. El secretario general de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) y diputado autonómico, José Muñoz, mostró su sorpresa por la decisión del TSJ y sentenció que «los fondos públicos deben priorizar la universidad pública», por lo que tildó de «lamentable que miles de alumnos que se han ganado su plaza con esfuerzo y sacrificio se queden sin beca por un recurso de la universidad privada». Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Josep Nadal, criticó que el PP apoye «la ofensiva judicial» de la Católica y les reprochó que sigan tratando a los alumnos de la pública como «ciudadanos de segunda». A su juicio, «era de esperar» que el PP se haya posicionado junto a la universidad para «orquestar la suspensión cautelar».