Expertos piden que el Consell proteja a funcionarios que denuncien corrupción

Expertos para la reforma de la ley valenciana de función pública han propuesto que la nueva ley incluya medidas de protección de los funcionarios que alerten de posibles corruptelas en la Administración donde trabajan, y que se reduzcan al máximo los puestos de confianza y de libre designación.

Potenciar la igualdad real de oportunidades, con ayudas o becas para que puedan preparar una oposición personas que carecen de medios económicos pero tienen méritos suficientes para hacerlo, o garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en toda la carrera profesional, son otras propuestas.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, han recibido hoy en el Palau de la Generalitat las más de 125 propuestas que las comisiones de expertos, integradas por profesores universitarios, funcionarios y representantes sindicales, han elaborado.

El compromiso es que antes de que finalice el año se lleve al Consell el anteproyecto de ley de Función pública, para que en primavera pueda llegar a Les Corts para su debate y aprobación y así poder combatir cuestiones como la interinidad o el envejecimiento del funcionariado de la Administración autonómica.

El president ha defendido la necesidad de una nueva ley que permita contar con una función pública moderna, del siglo XXI, que sea más útil, permita prestar un mejor servicio al ciudadano y en la que es importante que se reconozca que todos tengan acceso en igualdad de condiciones.

Puig ha adelantado que la nueva ley afectará también el sector instrumental de la Generalitat, para acabar con el "paradigma de los chiringuitos", y ha admitido que, tras el éxito que supuso el autogobierno, la Administración valenciana necesita ahora una "puesta a punto".

Así, ha recordado que un tercio del funcionariado es interino, hay un alto nivel en envejecimiento -en menos de diez años se jubilará la mitad de los funcionarios-, y la Comunitat Valenciana cuenta con menos funcionarios por habitante que el resto de autonomías.

Por ello, Puig ha apelado a contar con una Administración "mucho más vigorosa", donde la igualdad sea un elemento fundamental y que sea moderna, para actuar con más eficiencia y eficacia.

La consellera Bravo ha destacado que la situación de la función pública se ha visto afectada por estar demasiados años sin oferta de empleo público y por tener unas tasas de reposición que "ahogan", y ha asegurado que el informe de los expertos abrirá el camino y pondrá las bases para una Administración transparente y al servicio se todos.

La presidenta de la comisión de Igualdad, Julia Sevilla, ha explicado que han detectado más de cien artículos de la actual ley de Función pública incumplen la perspectiva de género, e incluso hay algunos que infringen la ley de Igualdad valenciana.

Sevilla ha propuesto medidas como un permiso de paternidad específico obligatorio en la función pública, obligar a autores de algún tipo de violencia de género a asistir a cursos, o revisar la protección de las funcionarias víctimas de esta violencia.

El presidente de la comisión de estudio, Miguel Sánchez, ha defendido la necesidad de hacer hincapié en la obligación estricta de cumplir los principios de mérito, igualdad y capacidad, y de que la mayoría de convocatorias públicas sean abiertas para brindar oportunidades a los jóvenes, más allá de los interinos.

También ha abogado por una flexibilidad que permita aprovechar mejor los recursos disponibles y por impulsar el aspecto ético de la función pública.