El exgerente de Imelsa confirma que pagar comisiones era habitual en el PP

Marcos Benavent volvió a representar ayer su papel de simpático corrupto arrepentido. Regaló abrazos y sonrisas tras comparecer en el juzgado y ante la prensa disparó un par de dardos -Alfonso Rus, Vicente Betoret y Rita Barberá- e insistió en el cobro de comisiones por adjudicaciones. «Había caja B en todos los sitios». No especificó las administraciones o empresas públicas que llevaba esa contabilidad paralela procedente del cobro de comisiones. Sí confirmó, no obstante, que la controlaban los dirigentes del partido. «Llevaba el dinero al PP y ellos lo distribuían», añadió. El reparto del dinero ofrecía múltiples variantes. «En los despachos de la Diputación y el Ayuntamiento, en los coches o en restaurantes». Esta última era una de las vías preferidas y a menudo repetían en el mismo establecimiento. Las comisiones, según Benavent, eran de entre el 2% y el 3%. Él también se quedaba un pellizco.

Estas declaraciones, en su mayor parte, se refieren a la pieza del caso Imelsa que todavía continúa bajo secreto; el grueso de las pesquisas efectuadas por los especialistas de la Guardia Civil. Benavent estaba citado ayer para ratificar su testimonio durante la fase inicial del asunto. El hecho de que se abonara una nómina a personas sin acudir a trabajar. «Se contrataba al libre albedrío. Eran favores a familiares y amigos», resumió. «Se asumían y se pagaban». No sólo apuntó al PP en este aspecto.

Alfonso Rus era uno de los que imponían las contrataciones. Según Marcos indicó que esa orden se produjo en los casos de Ángel Sanchis -«Rus me dijo que no iba a ir a trabajar»-, Juan Antonio Sanz (Nuevas Generaciones) y Eva Sarrión. En este último caso su padre era amigo de Rus. Más evidente resultaba el caso de Mullor, el futbolista del Olimpic de Xàtiva que pagaba la empresa pública.

También Emilio Llopis intermediaba en esta práctica, aunque este, al parecer, tramitaba las peticiones del PSPV. Y es que todos los partidos se beneficiaron de estos contactos. Incluso a Rosa Pérez, la denunciante de EU, se le contrató un asesor que sí que iba a trabajar, según el exgerente de Imelsa. No obstante, prefirió reservarse más datos acerca de la responsable de IU para más adelante.

Describió Benavent cómo se pactó el abandono del histórico sindicalista de UGT, Honorio Estornell. El exgerente negó que fuera despedido y planteó otro punto de visto. Fue el trabajador quién propuso su marcha. A cambio, pedía 100.000 euros -según la UCO más de lo que le correspondía- que su hijo tomara el mando de la sección sindical y que se pactaran entre dos y tres contrataciones. Y así se hizo, según el colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, añadió que las prácticas irregulares continuaron con el descendiente. «Imponía contrataciones para llegar a acuerdos en la empresa», manifestó el máximo responsable de la empresa pública.

José Vedri, dueño de la agencia de comunicación Engloba, también se encuentra imputado en este asunto. Dos trabajadores de su empresa cobraban la nómina de Imelsa. Vedri acudió ayer a declarar al juzgado y se acogió a su derecho a guardar silencio.

Benavent, en cambio, unos minutos antes había confirmado que se le hizo este favor por una cuestión de amistad. La firma de Vedri atravesaba un mal momento económico y el exgerente quiso compensarle desde su puesto. Ambos mantienen una buena relación, según ha quedado demostrado en los pinchazos telefónicos .