Cepyme acusa a Pavón de causar daños por valor de 250 millones a los empresarios

La guerra entre los empresarios de la construcción y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, se recrudece a cada instante y ha pasado de las declaraciones más o menos altisonantes a los avisos sobre presuntas «irregularidades» en la tramitación del Catálogo de Bienes Protegidos tramitado por el edil. En esta ocasión, fue el comité ejecutivo de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia (Cepyme Alicante) quien hizo un «llamamiento» al alcalde, Gabriel Echávarri, para que detenga este documento al entender que «podría costar a la ciudad 250 millones de euros» en reclamaciones patrimoniales.

El aludido, Miguel Ángel Pavón, se mostró «perplejo» por el contenido del comunicado de Cepyme y aseguró que él y su departamento continuarán «en la defensa de los intereses generales y la protección del patrimonio urbano y medioambiental» de la ciudad frente a las «amenazas» que entiende están en la nota firmada por el presidente de la organización, Cristóbal Navarro. «Queremos revertir el proceso de destrucción del patrimonio de la ciudad de los últimos años, que es el futuro, y no estamos para facilitar la especulación inmobilaria y la defensa de los intereses particulares, que es lo que parece que sobrevuela en esta nota, y que nos retrotrae al peor pasado que hemos conocido en esta ciudad», manifestó tajante el edil de Urbanismo en declaraciones a este diario. No quiso entrar en más honduras al respecto.

Tampoco entiende las reclamaciones patrimoniales por este montante de 250 millones de euros, que tachó de «discutible». Cepyme lo achaca a la falta de un informe de impacto económico que «valore la viabilidad de esta actuación», documento que no se ha incluido en la fase de alegaciones en la que está la tramitación del catálogo (y que concluye precisamente esta semana).

Estas críticas ya las hizo el PP y el concejal aseguró que los técnicos consideran que no es imprescindible en esta fase. «Es cierto que puede dar lugar a reclamaciones por licencias ya concedidas o proyectos, pero nunca por lucro cesante», explicaba didácticamente Pavón. Negó que tal cantidad se pudiera dar, nada de «insalvable», como aseguran desde la organización empresarial.

La directiva de la organización empresarial, por su parte, aseguró ayer en un comunicado de prensa que dicho Catálogo de Bienes Protegidos contenía «graves infracciones cometidas en su redacción y tramitación, que son incompatibles con la legalidad», sin especificar cuáles eran. Pavón se defendió asegurando que el documentación había sido redactado por técnicos municipales, salvo alguna parte externalizada «al carecer de personal».

Cepyme critica la «radicalidad del inmovilismo en las actuaciones» de la Concejalía de Urbanismo, puesto que el Catálogo de Bienes Protegidos aumenta los elementos que no se puede demoler ni retocar en el patrimonio arquitectónico respecto al documento aprobado el anterior mandato por el PP y que termina dentro de poco, lo que obligó a Urbanismo a redactar este catálogo para impedir que todos los edificios de la ciudad se encontraran desprotegidos hasta que no se apruebe un nuevo PGOU. Una de las novedades de este Catálogo de Bienes Protegidos es que incluye también medio centenar de espacios naturales protegidos, incluyendo también las lagunas de Rabasa, donde se prevé construir Ikea.

Respecto a la «ausencia de participación empresarial», Pavón lo achacó a las «prisas» de los técnicos para acabar el documento antes de que se suspendiera el anterior. No obstante, aseguró que antes de aprobarlo pasará por el Consejo Social de la ciudad para «recabar opiniones y modificar lo que sea necesario».