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E. P.
Jueves, 15 de septiembre 2016, 01:31
La comisión de investigación sobre los últimos doce años de gestión del PP al frente de la Diputación de Alicante -periodo que incluye los gobiernos de José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor- celebró ayer su primera sesión y decidió que sean los servicios jurídicos de la institución los que determinen quién ejercerá su presidencia, puesto que sus representantes discrepan en la valoración de la votación.
Así lo informó el vicepresidente y diputado de Turismo, Eduardo Dolón, que participa en ella como representante del grupo del Partido Popular y en función de presidente. Junto a él forman parte de la comisión los portavoces del resto de grupos de la corporación provincial: José Chulvi por el grupo socialista, Gerard Fullana por Compromís, Raquel Pérez por EU y Fernando Sepulcre como diputado no adscrito, ya que abandonó el grupo de Ciudadanos. Dolón, en declaraciones a los medios tras el Pleno del organismo provincial, explicó que se había sometido a votación la presidencia de la comisión, en la que los grupos de la oposición -PSOE, Compromís y EU- propusieron como nombre «de consenso» a Raquel Pérez, mientras que Sepulcre y Dolón la rechazaron.
El problema estriba en una diferencia de interpretación, ya que mientras que para Dolón estos dos votos en contra «tienen la mayoría ponderada» en función de los diputados a los que representan, para los grupos de la oposición era por votación de los miembros, «eran tres personas frente a dos» porque esta comisión se ha tomado bajo el acuerdo plenario anterior «que era voto no ponderado», como indicó Pérez en atención a los periodistas antes del Pleno.
Por ello, «se ha aprobado sugerir al presidente de la Diputación -César Sánchez (PP)- que delegue la presidencia a Esquerra Unida». No en vano, Fullana apostilló que les han avanzado que el presidente de la Diputación podría «imponer la presidencia», lo que, a su juicio, sería «un escándalo».
Así, el representante del PP expuso que cuando llegue el acta de la sesión lo someterán a consideración de los servicios jurídicos del organismo provincial para que les digan lo que «deben hacer». No obstante, destacó que «por sentido común» se hará por voto ponderado, puesto que es el sistema utilizado en todas las comisiones. En todo caso, incidió en que la voluntad del gobierno de la Diputación es «absoluta» para que la comisión se haya constituido.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, dijo que esta comisión «no la puede presidir el partido al que se va a investigar, eso no tiene ningún sentido», algo que indicó que ya pasó en la Diputación de Valencia «y no ha funcionado». Unos argumentos compartidos también por Chulvi, quien hizo hincapié en «las formas», y Pérez, quien añadió que sería «un teatro cómico» que se «autoinvestigaran» y que de seguir siendo el presidente de la comisión el PP ellos se «levantarían».
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