Los Fenoll se enfrentan a 34 años de prisión por la gestión de su vertedero

La 'gestión' realizada durante años por Proambiente de los residuos sólidos urbanos depositados, tanto en el vertedero como a lo largo y ancho del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, «suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, derivados del establecimiento de depósitos en cantidades que superan los volúmenes autorizados y en zonas no autorizadas». El Fiscal de Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, no se ha andado con rodeos a la hora de relatar en su escrito de conclusiones provisionales los «efectos en el medio ambiente» que, entre 1999 y 2012, ha causado supuestamente la actividad de la mercantil bajo la dirección de miembros del 'clan' Fenoll.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza de cara a la apertura de juicio oral por un presunto delito contra el medio ambiente, Díaz Manzanera reclama penas que suman más de 34 años para el otrora magnate de las basuras Ángel Fenoll (6 años y 6 meses); sus hermanos, Ramón y José (6 años y 6 meses); su primo Ángel Javier (5 años y un día), y dos empleados (5 años y un día): Charkaoui Hmidou y Abderrahim Lehnidi. También pide multas individuales con cuotas diarias de 30 euros durante 30 meses para los hermanos y de 10 euros en el caso de los otros tres acusados. Para la mercantil fija una sanción de 30 euros durante seis años, así como el cierre del vertedero cinco años.

El fiscal zanja la histórica polémica entre el gobierno regional y el Ayuntamiento de Orihuela a cuenta de la 'invasión' de Proambiente de suelo alicantino, al confirmar que «parte de los terrenos del vertedero se encuentran englobados también en una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de las Sierras del Sur de Alicante». Una de las conclusiones más preocupantes del escrito es la supuesta alteración que la mercantil ha causado en 40 hectáreas de terreno protegido del LIC Sierra de Abanilla: «Suponiendo la eliminación de prácticamente la totalidad de su cubierta vegetal y el suelo que la sustenta, condicionando además la pervivencia de los hábitats colindantes».

El fiscal cree que la pérdida de algunos hábitats de la sierra, calificados como prioritarios y raros, «podría considerarse en muchos casos irreversible». Tampoco se ha librado la fauna de la zona, como el águila real y el búho real, a los que «se ha causado un impacto por eliminación de áreas de campeo para estas especies».

La mercantil empleó el LIC como un estercolero en el que depositaron supuestamente más de 100.000 toneladas de basura sin tratar, excepto una capa de arcilla «para su sellado». Proambiente comenzó su actividad en 1998, pero a los hermanos Fenoll se les quedaron pequeñas las instalaciones demasiado pronto. El vaso inicial lo colmataron en 2002 y sin embargo hasta el año 2007, según el escrito, siguieron vertiendo residuos sin tratamiento «sobre la coronación del vaso inicial (10.800 toneladas métricas)».

La superficie de dicho vaso fue ampliada de los 17.450 metros cuadrados autorizados inicialmente por la Comunidad Autónoma de Murcia hasta los 29.000 metros. Tampoco fue suficiente para la mercantil, ya que paralelamente también excedió los límites de los vasos 1, 2 y 3. Para los dos primeros había una superficie autorizada de 33.413 metros y llegaron a sumar la friolera de 51.000.

El fiscal recuerda al juzgado que en el año 2005 « se produjo el accidente de desmoronamiento del vaso 1 sobre el vaso 2», cobrándose la vida de un trabajador. La cinta métrica también le volvió a 'fallar' a Ángel Fenoll en el vaso número 3, al presentar unas dimensiones de 39.000 metros frente a las 17.600 autorizadas, «lo que representa una ocupación del doble de la incluida en la declaración de impacto ambiental (DIA)». El escrito pone de manifiesto la «ampliación incontrolada del vertedero» y los pocos reparos que tuvieron a la hora de meter la pala para abrir presuntos caminos y vasos ilegales. Es el caso del número 4 y el 5, este último «un gran surco» entre el límite provincial.

Tales actividades extractivas dentro del LIC Sierra de Abanilla se desarrollaron presuntamente sin medidas de seguridad y «suponen un riesgo de contaminación atmosférica, debido a la emisión de partículas que conllevan, viéndose además fomentada por la disposición de los terrenos y supone un riesgo tanto para la vegetación natural como para los campos de cultivo colindantes debido a la deposición del polvo generado, pudiendo tener repercusiones para la salud de las personas expuestas».

Color de los lixiviados

No fue la única temeridad que cometieron pues el supuesto depósito de 50.400 toneladas de basura sin tratamiento previo, cerca del vaso 3, siempre según el escrito, favorecía «una situación que potencialmente puede causar efectos de contaminación sobre el suelo y aguas subterráneas».

El escrito también recoge los episodios de lixiviados y refleja «numerosas denuncias de vecinos de Abanilla haciendo constar los malos olores». Algo lógico porque el vaso 3 «carece de preinstalación» para la extracción de gases y los números 1 y 2 solo los recogían parcialmente, «gran parte de ellos siguen alcanzado la atmósfera sin depuración». El fiscal reconoce que existe «un riesgo de propagación de plagas» y como impactos indirectos destaca, entre otros, el riesgo de incendio por la mala gestión de los gases. Ante semejantes hechos, Díaz Manzanera pide que los seis acusados indemnicen a la Comunidad Autónoma con 4.815.271 euros, para la restauración del LIC, y les inhabilita para la gestión de residuos.