El problema con los graneles se debe a una «controversia jurídica»

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha considerado hoy que el problema con la carga y descarga de graneles en el puerto de la ciudad se debe a "una controversia jurídica" y ha abogado por "tranquilizar" a todas las partes implicadas.

De esta forma, se ha referido a la Autoridad Portuaria (AP), las empresas que trabajan allí y al vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón.

El alcalde se ha expresado en estos términos tras ser preguntado por el anuncio que Pavón realizó ayer, en el que daba un mes de plazo al puerto para solicitar la licencia ambiental para la descarga de graneles en los muelles de la dársena de Poniente, con la amenaza implícita de que, en caso contrario, se podría paralizar la actividad.

Echávarri ha explicado que desde el puerto consideran que son las empresas que operan y descargan graneles las que deben pedir las licencias correspondientes, mientras que el vicealcalde cree que es obligación del propio puerto.

En concreto, existe un informe de la consellería de Medio Ambiente que atribuye esta obligación a la Autoridad Portuaria mientras que, según Echávarri, hay otros informes de la Abogacía del Estado que van en la dirección opuesta.

Por ello, ha apostado por, primero, cerciorarse de quien es "el sujeto obligado" para, posteriormente, "exigirle todas sus obligaciones".

"Cerrar una actividad del puerto no es cuestión de un decreto", ha añadido para tranquilizar al sector empresarial que, tal y como él mismo ha desvelado, le llaman por teléfono "nerviosos".

En este sentido, ha agregado que el puerto es "muy importante para la ciudad" pues ofrece multitud de puestos de trabajo y, además ahora, "está remontando".