Bruselas investiga si en la trama se defraudaron fondos europeos

El Ministerio de Hacienda se ha dirigido al juzgado que instruye la causa de Imelsa porque, en virtud de la colaboración del Gobierno central con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), solicita información por si se ha producido «un posible fraude al presupuesto comunitario» en las obras con sobrecostes que se incluyen en la Operación Taula. Así se refleja en los oficios remitidos desde el ministerio al juzgado por el caso Imelsa y sobre el que se levantó el secreto de sumario el pasado jueves. En esta causa el juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Las actuaciones investigadas han llamado la atención en Bruselas, sede de la Olaf, desde donde se han dirigido al Ejecutivo central con el fin de recabar información respecto a actuaciones públicas realizadas por el Ayuntamiento de Valencia o empresas como Imelsa o Ciegas donde se utilizasen fondos europeos que pudiesen haber sido malversados.

Durante el pasado mes de marzo se instruyó un oficio desde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro en el que se dirigen al juzgado instructor. En el documento se menciona que el Gobierno apoya y colabora con la Olaf y sus investigaciones, y que la oficina antifraude europea «ha tenido conocimiento de la investigación relativa a los supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública de la Comunitat». Desde la UE se «está procediendo el análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación». Esta labor de recopilación de datos se inició hace meses y, a cuenta de los documentos aportados al sumario, continuaba a pocos días de alcanzar el pasado julio.

Desde Bruselas se reclama una relación de los contratos de obra pública que están siendo investigados «a efectos de determinar su posible cofinanciación con fondos europeos y el alcance del posible fraude al presupuesto comunitario». Desde marzo, en los juzgados se tiene conocimiento de estas diligencias a nivel europeo, que se han prolongado durante meses, al menos hasta finales de junio, si bien entonces los resultados no eran concluyentes.

El volumen de la actividad pública investigada por el juez es tan considerable que desde la Olaf temen que las ayudas europeas hayan terminado implicadas por la trama de presuntas comisiones, que no sólo afectan a las obras de Ciegsa, ya que también Imelsa proyectaba un gran número de actuaciones. El juzgado por su parte, en un oficio sobre el que se realiza un informe el pasado 22 de junio, admite que «se desconoce si los mismos (los contratos analizados) han sido financiados o cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea».

Desde la UCO se incide en que este tipo de información «en muchos casos no suele quedar reflejada en la documentación que se encuentra incorporada en los expedientes de contratación que obran en el procedimiento». La investigación es de tal calibre que en el sumario se recogen la peticiones de la Fiscalía de que, en la medida de lo posible, se agilice el análisis de la documentación incautada en los diferentes registros en empresas públicas y domicilios particulares. Los agentes, literalmente, no han dado abasto.