E.M.L.
Jueves, 22 de septiembre 2016, 14:17
El vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, ha denunciado en un comunicado que ha recibido "insultos, empujones y zancadillas" por parte de un grupo de trabajadores del puerto de la ciudad al término de un consejo de administración de la entidad portuaria.
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En dicho consejo se ha aprobado recurrir el decreto que Pavón emitió para requerir al propio puerto que solicite la licencia ambiental de descarga de graneles, con la amenaza de que si al término del plazo de un mes (que expira el próximo 24) se podría paralizar la actividad.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria (de la que forma parte en su condición de miembro del equipo de gobierno municipal) ha aprobado recurrir el decreto al considerar que no es la dirección portuaria sino las empresas que realizan la descarga de graneles las que deben pedir la licencia ambiental.
Frente a la sede de la Autoridad Portuaria se han congregado decenas de empleados del puerto, la mayoría de ellos descargando graneles, quienes han protestado contra la iniciativa de Pavón al considerar que pone en riesgo sus puestos de trabajo.
En la nota, Pavón ha informado de que "hoy varias personas '-si merecen esa condición-' que han participado en una concentración frente a la sede de la Autoridad Portuaria con dos pancartas -una de ATDAPA- con lemas rechazando que la actividad portuaria produzca contaminación alguna, me han agredido físicamente cuando tras el consejo de administración del Puerto me he acercado junto al alcalde a hablar con ellos".
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"Ni siquiera han querido escucharme y han considerado como una provocación que simplemente me acercara, recibiendo por su parte insultos, empujones y zancadillas, incluso, cuando me alejaba de ellos para evitar que las agresiones fueran a más", ha relatado.
Según Pavón, "en definitiva, fascismo al más puro estilo", ante lo cual ha añadido "que sepan los 'valientes' que me han agredido que no conseguirán doblegarnos".
"Ni a mí ni a mis compañer@s ni a la ciudadanía a la que representamos. Y que sepan también que han cometido un delito contra una autoridad pública. Yo entiendo que se discrepe de las decisiones que tomamos, pero nunca ha de recurrirse a la violencia" ya que, ha proseguido, "cuando se hace se pierde toda la razón que se pueda tener".
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