Sobrino achaca el sobrecoste de la Feria Outlet a la falta de patrocinio

La presunta corrupción urdida en el seno del Ayuntamiento de Alicante desde hace años volvió ayer a los juzgados de la capital. Por el Palacio de Justicia del barrio de Benalúa tuvo que desfilar el que fuera hace ocho años concejal de Comercio por el PP, Antonio Sobrino, para dar explicaciones por la adjudicación de la primera Feria Outlet. El evento, costeado en su mayor parte por las arcas municipales, se celebró en la Zona Volvo del Puerto en 2008 como un espaldarazo al comercio local pero del que han surgido ciertas irregularidades a raíz de una grabación de la pieza principal del 'caso Isjoma'.

El instructor indaga en la posibilidad de que desde el Consistorio se efectuase un desembolso superior al presupuestado, en torno a 6.000 euros más de los 18.000 euros previstos, que el antiguo concejal justificó aduciendo que varios de los patrocinadores se echaron atrás en el último momento, según indicaron a este diario fuentes próximas al caso. Además, el resto de inversores de la cita comercial, como lo eran la Cámara de Comercio y la extinta CAM, aportaron un capital inferior al que se negoció.

Además de Sobrino, investigado en esta causa tras la implicación de otros testigos e imputados en la última ronda de declaraciones, llevadas a cabo en julio pasado, otras tres personas tuvieron que presentarse ante el titular del juzgado, Ángel Manuel Villanueva. Así, la responsable de la agencia organizadora del evento, el representante de la mercantil que instaló la electricidad y un empleado de Montajes Alavés (firma denunciante de la pieza principal y adjudicatario de la feria) testificaron por estos hechos.

El Juzgado de Instrucción 8 de Alicante investiga en el seno de este sumario a los también exediles Andrés Llorens y Juan Zaragoza por la pieza principal del caso: la licitación a Isjoma SL, de Isidro García, de la contrata de instalación de equipamientos en eventos municipales. Un contrato denunciado por otra de las empresas que optaban a él (Montajes Alavés) y del que se desprenden supuestas irregularidades, según las indagaciones efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción.

La también conocida como 'trama de las sillas' consistió en un contrato de casi cinco millones de euros sobre el que tienen puesta la lupa los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial. El juez Villanueva ordenó en abril rastrear los movimientos de los presuntos implicados entre los años 2003 y 2009.

Queda pendiente la declaración del número dos de Sonia Castedo en la casa consistorial al final de dicha etapa. Andrés Llorens debía explicar los devenires de la licitación en julio, pero entonces solicitó un aplazamiento al haber asumido un nuevo letrado, Fernando Candela, su defensa en este asunto. La cita está fijada para las próximas semanas.

El antiguo teniente de alcalde del PP deberá hacer frente también a la investigación por las adjudicaciones del Plan E. Se encuentra imputado por posible malversación de caudales públicos. Las obras para soterrar 140 contenedores en la ciudad recayeron en mercantiles que pagaban honorarios a su hermano.