El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades del Consell de Fabra

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Gobierno valenciano, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, información sobre irregularidades en las consellerias de Presidencia, Infraestructuras y Economía reflejadas en el Informe de la Sindicatura de Comptes de 2013.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, lo reveló así en el pleno de Les Corts, en la primera sesión de control de este periodo de sesiones, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, sobre el cumplimiento del Plan Económico Financiero (PEF) de la Comunitat Valenciana 2016-2017. Puig explicó que a la Generalitat «no paran de llegar denuncias de todo tipo», la última de ellas de la Fiscalía de la Tribunal de Cuentas, que pide que se informe de contratos que Bonig hizo de manera «ilícita o ilegal» cuando era consellera de Infraestructuras.

En varias consellerias, dijo, había expedientes que no contenían factura de gasto, una ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir contratistas -no se solicitaron varios presupuestos- y posibles fraccionamientos de contratos, según el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. Puig defendió que el actual Consell actuará de manera muy diferente al anterior, donde algunos se dedicaban a «robar» y otros a «gestionar fatal».

Previamente, Bonig había acusado a Puig de «alta traición» por abrir las puertas del Palau de la Generalitat a quien quiere «romper España» -en alusión al encuentro del lunes con el presidente catalán, Carles Puigdemont-, a lo que ha seguido el decreto de plurilingüismo, que pretende «la inmersión lingüística». «Vergüenza sentimos los valencianos de nuestro presidente», aseguró Bonig, quien lamentó que haya comenzado «la catalanización de esta tierra» y ha expresado su temor de que se quiera reformar el Estatuto de Autonomía para cambiar la denominación y el idioma de la Comunitat Valenciana.

«Yo también soy España, igual que ustedes», reivindicó el president, quien añadió: «Yo quiero ser España, y quiero ser español con los mismos derechos que todos los ciudadanos de España, y no con 1.300 millones menos».

La presidenta del PPCV acusó tras el debate al presidente de la Generalitat de lanzar una «cortina de humo interesada» al desvelar que el Tribunal de Cuentas ha pedido información sobre expedientes sin factura de gasto de la Conselleria de Infraestructuras cuando ella era titular y recalcó que la Sindicatura de Cuentas ya auditó la cuenta general y dijo que «no había responsabilidad contable». Recuerda que en 2013 se certificaron 156 contratos menores y en 89 de ellos su importe era de entre 17.000 y 18.000 euros, el máximo establecido. «Dice que en alguno no se ha apreciado la factura porque a lo mejor no se ha remitido o se tendrá que solicitar», ha indicado, para resaltar que eso «es una cuestión de gestión de los subsecretarios» en la que los consellers no intervienen.