Los regantes denuncian que la ausencia de Gobierno frena la llegada de agua del Júcar

La falta de Gobierno en España desde hace casi un año no solo está frenando las inversiones en todos los sectores de la provincia, como alertó hace unos días el presidente de Coepa y de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Francisco Gómez. También ralentiza el normal funcionamiento de otras actividades que siguen siendo estratégicas como la agricultura. La Mesa del Agua, un organismo creado por técnicos y dirigentes de las comunidades de regantes en el seno de la Diputación provincial, alertó ayer de que ese bloqueo institucional y político está a su vez paralizando el envío de agua para riego a través del trasvase Júcar-Vinalopó desde el Azud de la Marquesa. La razón no es otra que el precio es inasumible para los agricultores, pero no hay intermediario en el Gobierno de España para que subvencione parcialmente ese caudal, como ha hecho hasta ahora.

La voz de alarma la lanzaron ayer el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), José Antonio Andújar, y el portavoz de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y La Marina Baja, Ángel Urbina, después de que el presidente de la Diputación, César Sánchez, asistiera a la primera reunión ordinaria de la Mesa del Agua tras el verano.

El sector sigue insistiendo ante los Gobiernos de Madrid y Valencia de la necesidad de que se recupere la toma de Cortes de Pallás, con agua de calidad para riego y abastecimientos urbanos. Pero mientras tanto, el conducto, que costó unos 450 millones de euros, sigue realizando pequeños envíos, con los que una parte de la margen izquierda y derecha del Vinalopó puede, al menos, salvar cosechas y hasta cultivos. Este agua se está pagando a 19 o 20 céntimos el metro cúbico gracias a la ayuda que hasta ahora ha concedido el Ministerio de Agricultura para cubrir el coste total de la elevación y el transporte, lo que deja el precio del metro cúbico en 0,47. Urbina asegura que esa tarifa es inasumible por el sector, «por lo que necesitamos un intermediario para los próximos envíos, máxime debido a la sequía que estamos sufriendo, pero la falta de Gobierno de España está bloqueando totalmente los envíos».

El último caudal aprobado por el Ministerio desde el Azud de la Marquesa, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue de 5 hectómetros para el período agosto-septiembre. Aún queda un resto de este último envío. A partir de ahora, todo es una incógnita para los regantes y agricultores. «No sabemos qué va a pasar, porque no podemos asumir ese precio por ese agua con esa calidad», añade Urbina. Andújar admite que «la situación de provisionalidad del Gobierno y de Acuamed no nos está haciendo ningún bien a los regantes». Cree que el transporte y el uso del agua están «ralentizados» al no haber Gobierno y en el peor momento de la sequía, que no se despeja ni en las últimas jornadas de previsión de lluvias.

De todos modos, la Mesa del Agua, presidida por César Sánchez e integrada, ayer, por el diputado del Ciclo Hídrico, Francisco Sáez; los profesores de la UA, Joaquín Melgarejo y Antonio Rico; el vicepresidente de Scrat, José Antonio Andújar; el ingeniero de Benidorm Francisco de Santiago y Ángel Urbina, determinó ayer dar otro enfoque a su funcionamiento y finalidad.

«Nos ha ofrecido el presidente de la Diputación reactivar la Mesa del Agua, reunirnos más y aprovechar para que nos sirva de plataforma reivindicativa ante los Gobiernos de Madrid, Valencia y Bruselas», explica Urbina. Cree que la provincia, que es la cuarta en PIB de España, «no puede estar en situación permanente de sequía y no vamos a permitir seguir estando así siempre».