Pavón asegura que la protección de los juzgados de Benalúa «no es obstáculo» para su reforma

El vicealcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha asegurado que la protección del edificio que acoge los juzgados de Benalúa "no debe ser un obstáculo" para su reforma, tal como ha planteado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y que ambas han de ser "compatibles".

Pavón se ha manifestado en estos términos este miércoles tras la reunión mantenida con representantes de la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia) y en referencia a las declaraciones de Bravo, quien se ha reunido con el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri.

Así, el edil ha explicado que el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular incluyó este inmueble en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero "desistió" de esta revisión, por lo que aprobó una suspensión de licencias que afectaba a este, entre otros edificios.

Esta suspensión de licencias "sigue en vigor" porque, según ha señalado, han incorporado al Catálogo de Protecciones "todos los edificios que el anterior equipo de Gobierno propuso proteger y que no tenían otra figura de protección", además de "algunos más".

De este modo, "a día de hoy no es un edificio protegido, todavía no", como ha apuntado Pavón, ya que pese a que el PP inició los trámites y esta consideración se ha mantenido en el nuevo Catálogo de Protecciones, éste aún se encuentra en fase de exposición pública. De hecho, Pavón ha señalado que el inmueble no está incluido en el Plan Especial de Edificios Protegibles del año 1982, que "era el plan que lo podía haber protegido".

En todo caso, el titular municipal de Urbanismo ha insistido en que esta suspensión de licencias, vigente hasta junio de 2017, es una medida "cautelar" y "no impide que se puedan hacer cosas siempre y cuando sea compatible con los valores protegibles del edificio".

Al respecto, ha indicado que se trata de una cuestión "exclusivamente técnica" y ha añadido que le consta que "hay actuaciones que se han autorizado y otras que se han modulado en función de la protección que se quiere para ese edificio, que fue una antigua cárcel".

Ha puesto como ejemplo la reforma en el patio exterior que supondría modificar la fachada "y que se está viendo muy en detalle por parte de los técnicos". Eso sí, ha aclarado, que están actuando "de la misma manera" que con cualquier otro inmueble del que hayan propuesto su protección y ha agregado que si hay que revisar cualquier cuestión planteada por la consellera se hará.

Provia

Por otra parte, del encuentro con Provia Pavón ha reiterado "la falta de personal que padecemos", que redunda en el retraso en la tramitación de licencias en la Concejalía de Urbanismo y que espera que se vaya "revirtiendo progresivamente". En este sentido, ha avanzado que prevén una reunión con el interventor para sugerir "la posible contratación de personas en base al 50% de la tasa de reposición que podría aplicarse", aunque ha reconocido que el Consistorio está sujeto al Plan de Ajuste que impide contratar "a todo el personal que quisiéramos".

De este modo, han solicitado 12 personas --que serían 6-- aunque ha precisado que depende de las plazas vacantes que haya en la Concejalía, que ha apostillado que las "hay".

Junto a esta medida también valoran colaborar con colegios profesionales, como el de arquitectos, para "poder agilizar la tramitación de las licencias". Una fórmula sería a través de convenios, como han suscrito otros ayuntamientos, aunque ha precisado que deben estudiar la figura legal que emplearán.

No obstante, el concejal ha hecho hincapié en "rebajar la alarma" en este tema porque, pese a confirmar que hay una demora y que no se cumplen con los plazos legales "eso no es algo nuevo", sino "heredado", que se agravado con el repunte de la actividad constructora que no ha venido acompañado de un aumento de la plantilla. De hecho, ha informado que hay unos 300 expedientes de licencias de obras pendientes de resolverse -de los que menos de una decena corresponden a Provia-, un porcentaje "no tan alto" frente a los 16.000 expedientes, de todo tipo, que tramita la Concejalía de Urbanismo al año.