Aparcamientos en números rojos

La reciente sentencia contra el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, al que le condenan a pagar 2,3 millones de euros a una constructora, ha destapado una realidad en la Vega Baja: los aparcamientos subterráneos son proyectos faraónicos que acaban en inversiones millonarias sin rentabilidad ni utilidad. El Tribunal de Lo Contencioso-Administrativo de Elche ha dado la razón a la UTE que construyó el parking subterráneo del centro cultural La Paloma, pero este es solo un caso de cómo este tipo de inversiones han acabado en los juzgados y arruinando las arcas públicas.

Los ejemplos se producen siempre en municipios de mediano tamaño donde apenas existía demanda de una zona de estacionamiento privado gestionado a través de un concesión pública. Los casos de Bigastro, Guardamar del Segura o incluso Callosa de Segura demuestran que este tipo de construcciones han dado más quebraderos de cabeza que servicio a los ciudadanos.

En el caso del edificio pilareño los planos se dibujaron hace quince años. El actual alcalde, Ignacio Ramos, selló un convenio con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Parking y Centro Cultural Urdemasa SA e Infraestructuras Terrestres SA. Las obras avanzaron con mucho retraso debido a los incrementos continuos en el presupuesto hasta que se tuvo que detener en el 2006.

El gasto del centro cultural se llegó a multiplicar por cinco, de 2,4 millones de euros se pasó a un montante de 12 millones de euros que el Consistorio no podía asumir en base a sus ingresos. La obra paró pero el aparcamiento estaba casi ejecutado. La adjudicataria demandó a la administración local por modificar los planos y pidió que le rescatase la concesión. Ahora la justicia le ha dado la razón a la UTE y el Consistorio tiene que pagar 2,2 millones de euros en concepto de construcción de la obra más el lucro cesante que se ha fijado en 133.00 euros.

Este último episodio de La Paloma, edificio desmontado una vez construido, no va a ser el último. El equipo de gobierno ha planteado ya recurrir el fallo en el Tribunal Superior de Justicia para evitar el pago de la indemnización por un centro inacabado donde se debería aportar más dinero para poder abrirlo. Esta es la causa por la que la UTE dejó perder la adjudicación.

Un caso inusual fue el de Bigastro que con una población inferior a los 7.000 habitantes llegó a construir dos aparcamientos con fondos municipales. El primero de ellos se ubicó bajo el Auditorio Municipal Francisco Grau donde apenas acoge clientela, salvo en los actos de gran calado que aloja el edificio cultural.

Aunque el verdadero saco roto de las inversiones llegó con el aparcamiento de La Paz, que se encargó por un presupuesto de 1,5 millones de euros y que arrastró una certificación con un sobrecoste de 982.000 euros. El actual ejecutivo bigastrense espera dilucidar esta espinosa cuestión en los juzgados ya que «la última certificación sobrepasa el 20% del presupuesto global permitido por ley», explicó la alcaldesa Teresa Belmonte.

Ante la falta de demanda de plazas de estacionamiento desde el gobierno del PP han pensado en habilitar el edificio como una especie de mercado de abastos una vez que cuenten con todas las garantías legales de que el inmueble es propiedad municipal. Aunque este es un plan a medio plazo puesto que lo que más urge en el Ayuntamiento es poner en orden toda la deuda generada con proyectos costeados con dinero público como este, que administró la empresa pública Biactmu, entre otra serie de gastos generados durante la burbuja inmobiliaria.

Por otra parte en Callosa de Segura se dejó en manos de una empresa la construcción del parque de San Roque para que debajo explotase 400 plazas de garaje. Ante la falta de respuesta ciudadana la idea era alquilarlas o venderlas puesto que este espacio se ubica en las afueras del municipio donde el aparcamiento en superficie sobra. En este sentido, la Caja Rural se tuvo que hacer con la propiedad del parking y hasta el Ayuntamiento se puso a alquilar los estacionamientos para obtener ingresos extra.

Guardamar del Segura fue el paradigma del vacío legal en relación a los parkings, un verdadero purgatorio para la administración local. A las empresas Ingepark UTE y Gespark UTE se les cedió espacios públicos para explotar los subterráneos de la Plaza de la Constitución y de El Mercat. Las diferentes ordenanzas y acuerdos contracturales acabaron en nueve pleitos entre las empresas y el Ayuntamiento. Los dueños de plazas de garaje se quejaron hace unos años de que el precio que ponía la adjudicataria era excesivo, y el equipo de gobierno espera que se produzca una sentencia judicial para aclarar toda la situación legal. No obstante, cabe destacar que estos aparcamientos apenas se utilizan y lo único que sí que ha mejorado la fluidez de estacionamientos durante los meses de verano fue la zona azul, implantada solo para la temporada alta.