Ramos apelará a que la UTE del parking dio su conformidad a parar las obras

El equipo de gobierno de Pilar de la Horadada ha decidido plantar cara a la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 2,3 millones de euros de indemnización por las obras del aparcamiento del centro cultural La Paloma. La base del recurso que prepara el abogado de la entidad local es que la UTE tenía constancia de que las obras del edificio municipal se iba a paralizar, e incluso dio su aprobación. Por ello, consideran que siete años después no tenía por qué cambiar de parecer.

El alcalde, Ignacio Ramos, y el concejal de Urbanismo, Alfonso Armenteros, desgranaron ayer el recurso de apelación que se deberá entregar en los próximos días. El gobierno local confía en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cambie la decisión de indemnizar a la UTE Urdemasa e Infraestructuras Terrestres. El regidor dijo que «tenemos la confianza de que las cosas se han hecho bien y la sentencia no es firme» y aclaró que las plazas de aparcamiento podrían estar en explotación desde hace más de un lustro porque el contrato de explotación era de 50 años. El responsable pilareño insistió en que «se rescindió el contrato del centro cultural Mariana Baches en superficie en 2006 con todas las garantías legales. Entonces se comunicó a la empresa y en ese momento ni alegó a la decisión ni al contrato que todavía mantenía en vigor».

Asimismo el alcalde dijo que del 2011 al 2015 la UTE no hizo ningún movimiento en relación a la casa de cultura «solo hasta que se quitó la estructura metálica de la cabeza de la paloma». La mercantil concesionaria sí que puso una querella que se ha investigado durante cuatro años y ahora el juez reclama gastos, si bien el socialista aclaró que «a la empresa no se le ha quitado ningún derecho para que terminase el parking desde el minuto cero».

El abogado del Consistorio, Javier Hernández, aseveró que las obras de la casa de cultura y del aparcamiento inferior son diferentes porque se trata de un «contrato mixto o doble. Se resolvió el parcial solo del centro cultural y le fue notificado al contratista. Desde que se firma la conformidad de la resolución hasta 26 de julio del 2013 no hubo respuesta por parte del Ayuntamiento», apuntó el letrado. La sentencia especifica que hubo silencio administrativo.

No obstante, la base del recurso de apelación es que la empresa tenía conocimiento de esa resolución parcial y estuvo conforme. «No comprendemos cómo pone la reclamación judicial a posteriori» y añadió que «no había imposibilidad de terminar la obra pública, ningún técnico ha dicho que no se pueda explotar de forma separada», apuntó Hernández. Así una mercantil externa hizo una valoración de las obras y dijo que la obra estaba ejecutado al 95% y que «no había ningún problema en finalizarla», datos técnicos que también se van a llevar al TSJ. Un tercer argumento para alegar la sentencia de Lo Contencioso-Administrativo se sostiene en que «la primera reclamación de la UTE fue de 700.000 euros que se negaron. Había complejidad en esta cuestión porque había dos expedientes sobre un mismo contrato oficial, y que ha recaído en dos procesos judiciales», justificó el letrado.

Por su parte el edil Armenteros valoró que el PP pilareño basó su pasada campaña electoral en abrir la propiedad municipal con un nuevo presupuesto que no supere los 4,3 millones de euros. Ahora el propio PSOE ha encargado una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía en relación a la finalización del edificio y añadió que «hay un nuevo proyecto esperando y que contó con 11 noes y 10 síes» como resultado de su paso por Pleno para su aprobación.