La cúpula de la Federación de Taekwondo niega el desvío de subvenciones públicas

La cúpula de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) desfiló ayer por el Palacio de Justicia de Alicante. Sus máximos responsables se encuentran investigados por delitos de malversación y fraude en subvenciones y se indaga sobre el paradero desde hace una década de parte del dinero que el organismo nacional, establecido en la calle Alvarado de la capital alicantina, recibe cada año del Consejo Superior de Deportes y el ADO, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Las mismas fuentes detallaron que la federación que dirige Jesús Castellanos Pueblas ingresa alrededor de un millón de euros de fondos públicos mientras que ellos mismos generan un montante próximo a los 800.000 euros. Sin embargo, el presidente negó ayer ante el juez instructor del asunto cualquier desmán con el dinero de las arcas estatales, según las citadas fuentes.

En sede judicial declararon el presidente de la Federación, así como su tesorero, el secretario, la gerente y el presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, según confirmaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Tras los interrogatorios, la cúpula de Castellanos difundió un comunicado exculpatorio en el que carga contra los denunciantes del presunto desfalco y alaba la gestión de la junta directiva por haber «saneado una Federación que estaba en quiebra».

Distinta opinión tienen la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante y Madrid, así como la Fiscalía Anticorrupción, quienes indagaron en las cuentas y movimientos bancarios del organismo tras una denuncia interpuesta desde Castellón por el presunto fraude. El rastreo de las posibles irregularidades se saldó con la detención de Castellanos, que dirige el organismo desde 2005, y otras tres personas en junio de este mismo año.

Ayer, el Juzgado de Instrucción 7 de Alicante citó a los inculpados para que diesen explicaciones. Todos negaron una posible falsificación de facturas en la organización de campeonatos o que parte del dinero público hubiese servido para hinchar nóminas o acabar en dinero de particulares, tal y como se investiga.

Sin embargo, la junta directiva presentó un informe al juzgado elaborado por dos auditores independientes que califica las pesquisas efectuadas por la UDEF y que se reflejan en sus informes como que «adolece de una total ausencia de rigor en lo que a la práctica económica-forense se refiere», ya que, según prosiguen, «en las conclusiones de naturaleza económica contable que alcanza, no se ven sustanciadas en absoluto por evidencias objetivas e indicios racionales».

Según los peritos, llevados al instructor por la defensa de los acusados, el letrado Manuel Perales, los agentes «llegan a conclusiones y realizan afirmaciones erróneas e imprecisas al no utilizar práctica pericial alguna, ni ortodoxa ni tan siquiera heterodoxa», como apuntan en el comunicado remitido ayer a los medios de comunicación.