Abiertos todavía a negociar con los centros comerciales

El alcalde, Gabriel Echávarri, se muestra todavía abierto a negociar con los centros comerciales la apertura total de la ciudad, pese al recurso que presentará el Ayuntamiento contra la sentencia que les obliga a ampliar la libertad horaria a todo el casco urbano. Solo pone como condición que se respete la conciliación familiar de los empleados y la creación de nuevos puestos de trabajo. «Como abogado sé que el mejor acuerdo se logra el día del jucio», manifestó con ironía. Es decir, hasta entonces hay tiempo para negociar.

Las grandes superficies habrían ofrecido al Ayuntamiento la creación de nuevos puestos de trabajo, pero se niegan por ahora a limitar a 13 los festivos trabajados por su plantilla. Alegan que están en pleno proceso de negociación del convenio colectivo a nivel nacional y si aceptan en Alicante tendría repercusiones en todo el país. Sin embargo, Echávarri niega que le haya llegado ninguna oferta.

El alcalde cuenta con que el recurso puede ser dilucidado en sede judicial en dos años y medio. Entre tanto, los centros comerciales sólo podrán abrir en domingos y festivos si el juez acuerda una ejecución provisional de la sentencia. Una decisión que puede tardar meses, si es que llega.

Si la Justicia les da la razón finalmente a los centros comerciales, el alcalde acordará abrir tres expedientes de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en las manzanas donde se ubiquen esas superficies para evitar que la libertad comercial afecte a toda la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobará previsiblemente hoy la nueva ZGAT.

Mientras continúa la batalla judicial en Alicante, la Conselleria de Economía estudia tres vías posibles para lograr un acuerdo «igualitario» que no provoque desigualdades en horarios comerciales y litigios judiciales, entre ellas el diálogo con los pequeños y los grandes comercios y el cambio en la ley estatal.

El conseller del área, Rafael Climent, aseguró ayer que Compromís volverá a presentar una proposición no de ley en el Congreso para una reforma de la ley estatal que no cause «incongruencias» con la normativa autonómica y clarifique el «maremágnum legislativo» actual.