El Defensor del Pueblo exige a la administración información sobre el Mercado Central

El Defensor del Pueblo ha requerido a la Conselleria de Cultura y al Ayuntamiento que informen sobre sus actuaciones para la protección patrimonial de los baños árabes del Mercado Central, según recoge en su escrito de respuesta a las quejas de un particular que forma parte de la plataforma Salvem el Mercat.

Esta institución remarca que ha preguntado a la administración autonómica si va a actualizar las declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC) realizadas con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Patrimonio Histórico. Estas acciones son consecuencia del expediente que mantiene abierto desde el pasado año por la queja presentada por un colectivo ciudadano.

Esta nueva comunicación se produce tras la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat del pasado 23 de junio, que instaba al Ayuntamiento de Elche a manifestar su compromiso formal y por escrito para iniciar los trámites encaminados a declarar los baños árabes como Bien de Relevancia Local (BRL) en la categoría de Monumento Local.

El Defensor del Pueblo va a dirigirse de nuevo al consistorio para que informe sobre su respuesta a la citada resolución de la Conselleria de Cultura. Asimismo, pide a la propia administración autonómica que comunique si ha recibido la respuesta municipal requerida.

La declaración de BRL se proponía como medida protectora mientras la Conselleria de Cultura estudia la tramitación de los baños árabes como BIC. En este sentido, la institución dependiente de las Cortes ha pedido también a la Generalitat que informe si ha iniciado formalmente el procedimiento para realizar esa segunda declaración.

Además ha requerido a la conselleria que manifieste si va a proceder a actualizar las declaraciones de BIC formuladas antes de la promulgación de la actual ley y se va a dirigir a la Conselleria de Vivienda para que informe sobre el régimen de limitaciones y usos existentes respecto al Mercado Central, así como sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Plan de Reforma Interior (PRI).