Joaquín Andreu Esteban
Viernes, 25 de noviembre 2016, 01:35
El equipo de gobierno que preside la alcaldesa Teresa Belmonte tiene intención de aprobar en la sesión plenaria del lunes que viene una actualización del inventario de bienes municipales tras una revisión del mismo, una cuestión que el concejal de Unión Popular, Aurelio Murcia critica.
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El edil de la oposición ha examinado la documentación que se debatirá, y afirma que el catálogo de propiedades del Ayuntamiento «está repleto de anomalías» porque muchas de ellas no aparecen bien documentadas a su juicio. Murcia asegura que estaba sin revisar desde el año 2007 «y es un calco del que había cuando Moya gobernaba, pero el actual equipo de gobierno podía haber llevado a cabo una revisión más profunda que no ha hecho y mantiene errores de bulto».
El portavoz de Unión Popular destaca que en el documento que debe aprobarse conforme marca la legislación de las administraciones locales aparecen una serie de propiedades «que en teoría se supone que son del Ayuntamiento, pero sin la prueba documental del Registro de la Propiedad ese inventario no tiene validez alguna».
Murcia cita varios ejemplos a este respecto como el centro social integrado, donde se instalan entre otros el hogar de la tercera edad, «porque solo aparece el Consistorio como propietario del suelo pero no del inmueble», circunstancia que dice se da en casos como el antiguo Colegio San José de Calasanz, actual sede en lo alto del cabezo de las dependencias de la Policía Local «y en el inventario aparecen porque el Ayuntamiento dice que es propietario pero lo que vale a efectos legales es poder probar que realmente es así», reprocha Murcia. A estas dos dependencias une que en ese catálogo aparece parte del suelo del cementerio «pero se trata de un caso que los propietarios llevaron a los juzgados y mientras no haya sentencia no se puede meter en el cómputo de propiedades», circunstancia que asimismo se da en parcelas que otros cedieron para la ampliación del polideportivo, también pendiente de resolución judicial. A este compendio suma zonas de monte en la subida al D-6 o los depósitos de agua ubicados cerca del Parque Lo Chusco, junto a una balsa que hizo la Confederación Hidrográfica del Segura para la comunidad de regantes «y mientras esta no la ceda con un convenio es la dueña», entre otros casos.
El concejal reseñó que «el procedimiento para su aprobación no es el adecuado porque primero hay que verificar la titularidad con los datos registrales, documentos de compraventa o cesión que tampoco están incluidos para evitar demandas y luego aprobarlo», con lo cual entiende que lo adecuado es proceder a su retirada hasta que se ajuste a la realidad.
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Por su parte la alcaldesa, Teresa Belmonte, indicó que el trabajo lo ha hecho una empresa especializada y acusó a Murcia de no comunicar las irregularidades que ha detectado «para trabajar por el bien del pueblo». La primer edil dijo que en el caso de que haya errores «se depurarán tras su aprobación con la revisión una a una de todas las propiedades».
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