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Pilar M. Maciá
Sábado, 17 de diciembre 2016, 01:28
A través de dos de sus diputados provinciales, Carolina Gracia y Joaquín Hernández, y del secretario general comarcal y diputado autonómico Manuel Pineda, el PSOE de la Vega Baja acusó ayer al PP en todas las instituciones de dedicarse a «enredar» y dificultar la gestión en este caso de la Generalitat liderada por Ximo Puig. Pineda recordó la reivindicación que ahora abandera Isabel Bonig para la Vega Baja de que se ejecute la duplicación de la CV-95 y ya avanzó que en la presente legislatura en Cortes no está prevista su construcción, pero no descartó que comiencen a realizarse los proyectos y sobre todo dijo que pedirá a la Generalitat que para el próximo año arranque un plan de infraestructuras que defina el futuro de las carreteras de la Vega. Ese documento debe realizarse según Pineda con participación ciudadana para evitar que como en el 2005 se afecte demasiado a la huerta y sobre todo se cuente con la opinión de las personas que se vean afectadas y de los usuarios de esas futuras vías.
Pineda también achacó a los populares el hecho de que no pueda invertirse más en infraestructuras, y puso como ejemplo la Fórmula 1 «que vamos a tener que pagar hasta el 2019». En todo caso el socialista argumentó que con 43.000 millones de deuda «no es momento de hacer infraestructuras y sí de cumplir el pacto del botánico», y dio una retahíla de actuaciones previstas para la Vega Baja en el 2017 con una inversión de 118 millones de euros. «Y al PP le parece poco, pues que se conformen y no enreden, porque son ellos los que nos han dejado enredados con sus deudas», sentenció el diputado socialista. Para el PSOE la prioridad es vertebrar la comarca «pero para eso hay que saber cómo» y pidió al mismo tiempo colaboración al PP para solucionar temas atascados en Fomento como la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja.
También de presupuestos, pero en este caso de los de la Diputación, hablaron tanto Joaquín Hernández como Carolina Gracia. El alcalde de Dolores centró su crítica, en este caso al gobierno popular de la institución provincial, por no adherirse al Fondo de Cooperación Municipal puesto en marcha por la Generalitat y al que Diputación debería aportar 13,3 millones de euros, la misma cantidad que pone la administración autonómica. Así afirmó que Orihuela deja de ingresar más de 400.000 euros, Dolores más de 90.000 y Rafal más de 67.000 por poner como ejemplo las poblaciones de las que proceden los tres responsables de la comparecencia socialista de ayer. «A cambio se dedican a hacer campañas publicitarias de La Dipu de los pueblos» y, aseguró Hernández, «algunas de ellas son más caras que los propios actos que se realizan».
La oriolana Carolina Gracia criticó que desde el PP se ha iniciado una campaña para dar a conocer que ella -junto con el resto del grupo Socialista en la Diputación- votó en contra de una enmienda al presupuesto de la institución mediante la que se conceden, con los votos del gobierno provincial, ayudas de 6.000 euros para las cámaras de comercio de Orihuela y Alcoy. Gracia, quien efectivamente votó de forma negativa a la propuesta del redovanense Adrián Ballester quiso explicar el por qué, puesto que aseguró que se está utilizando para ir contra ella con los comerciantes y apuntó al alcalde Emilio Bascuñana. La edil y diputada dijo que en el proyecto de presupuestos no había ninguna ayuda para estas dos entidades camerales mientras que sí que aparecía la subvención de 90.000 euros para la cámara alicantina, y consideró que por qué esa cantidad para una y solo seis mil para las otras, por lo que pidió explicaciones «porque no estamos dispuestos a que nos acusen de boicotear ayudas para la comarca, un mensaje que Emilio Bascuñana lanza contra el tejido empresarial cuando él es incapaz de resolver el problema de la ayuda municipal».
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